La bancada del PRI en el Congreso local buscará que se inhabilite 25 años a los transportistas que incumplan con el servicio, y que se les fije una fianza de 600 mil pesos para que se traslade a los usuarios en caso de irse a un paro, como ocurrió el lunes de la semana pasada.
El Coordinador Francisco Cienfuegos dijo que esto servirá para que evitar que la ciudadanía se vea afectada ante un futuro paro de labores en el servicio del transporte público. Añadió que este lunes presenta una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable, en la que propondrá que el Ejecutivo fije una fianza a los concesionarios.
Dijo que impulsarán esta reforma y que buscarán el consenso de todos los grupos legislativos para que sea aprobada en el presente período ordinario de sesiones y entre en vigor lo antes posible.
Cienfuegos señaló que las pérdidas económicas de 570 millones de pesos que sufrió el Estado el pasado lunes, por el paro labores de 48 rutas de transporte público debe tener una sanción ejemplar.
“El Grupo Legislativo del PRI solicitará que se resuelva con carácter de urgente, para que la Ley ordene que el empresario que obtenga una concesión de transporte público deberá, al momento de firmar el consentimiento, depositar una fianza de 600 mil pesos, la cual será empleada para el traslado de los usuarios en caso de que se realice un paro de unidades», explicó el legislador.
El líder de la bancada priista agregó que en esta reforma se propone una inhabilitación de hasta 25 años para poder participar en futuras convocatorias de concesiones.
El Coordinador del GLPRI criticó que, en el paro del lunes anterior, gobiernos municipales y hasta particulares tuvieron que entrar al quite para que miles de ciudadanos pudieran llegar a sus destinos, mientras que los concesionarios y el Ejecutivo Estatal sólo estaban como observadores.
“La cantidad de la fianza surge de realizar una regla de tres simple respecto a los 570 millones perdidos, contra los usuarios afectados y el tiempo del paro. Y, al ser una garantía para el Estado, en caso de que se atrevan nuevamente a realizar una acción como la del pasado lunes, dicha fianza sirva para atender la crisis de movilidad que sufrirían los usuarios”.
“En la propuesta también se aclara y reafirma la requisa inmediata que deberá aplicar el Ejecutivo a los transportistas que no otorguen un servicio de calidad”, puntualizó el Coordinador priista.
Otro aspecto de la iniciativa incluye la propuesta de que el titular del Consejo Estatal del Transporte tendría que ser ratificado por el Congreso local, con posibilidades de ser removido si no cumple con sus atribuciones.
“Los Diputados tenemos la obligación y oportunidad de establecer en las leyes lo que es justo para todos, por eso la iniciativa también contempla que el titular del Consejo Estatal del Transporte sea ratificado por el Poder Legislativo, el cual será removido en caso de ser omiso ante sus atribuciones”.
El Coordinador recordó que el GLPRI fue el primero en presentar, al inicio de la Legislatura, una iniciativa para crear la Procuraduría de la Defensa del Usuario del Transporte Público, a fin de impulsar mayor participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el transporte, además de que el propio partido también fue el primero en interponer un amparo colectivo en contra el eventual incremento a las tarifas.
