La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México advirtió a la Cámara de Diputados una serie de consideraciones respecto a la Ley del Uso de la Fuerza y la Ley del Registro de Detenciones, pues a su consideración “hay aspectos preocupantes”.
Reconoció que, aunque se incluyeron algunos elementos acordes con los estándares internacionales sobre la materia, tales como los principios del uso de la fuerza y la perspectiva de género; ello no impide señalar otros desaciertos.
Para la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la ONU-DH consideró 9 rubros donde los diputados federales deben hacer modificaciones; uno de ellos, y tal vez el más importante, es que con la legislación “se podría vulnerar el derecho a la protesta y a la libre manifestación”.
De acuerdo con el texto enviado a San Lázaro, en la ley se mantiene una perspectiva de “control de multitudes” y no la de garantizar el derecho a la manifestación, en cambio legitima usar la fuerza en el caso de que exista violencia contra los manifestantes.
“Preocupa que las protestas o manifestaciones puedan calificarse de acuerdo al ‘objeto lícito’ que persiguen, lo que sería contrario al derecho de libertad de expresión, además, de poner en riesgo la vida e integridad personal al autorizar el uso de armas de fuego cuando no se reúna el requisito de licitud”.
Deja fuera autoridades migratorias
Jan Jarab, representante del a Oficina de la ONU en México, detalló que la Ley no incluye a agentes migratorios entre las autoridades que pueden hacer uso de la fuerza, e incluye “términos laxos e imprecisos” lo que impide conocer con precisión el ámbito de su aplicación. Otros términos que no están precisados son “persona autorizada por el Estado” y “neutralizar”.
Del mismo modo, la organización internacional acusó que dicha reglamentación no hace una “debida regulación” del uso de la fuerza letal ni de la gradualidad en el uso de la fuerza; al igual que ven una “regulación insuficiente” del principio de proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza.
Respecto a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la ONU-DH consideró que la minuta “puede ser mejorada” con la incorporación de tres aspectos; uno de ellos, incluir en el registro lo relativo a la nacionalidad de la persona como uno de los primeros campos a recabar.
Un segundo aspecto que se debe modificar es incluir en la operación del registro lo relacionado a las detenciones que fueron realizadas bajo la jurisdicción militar; y finamente establecer el lugar donde la persona permanece privada de la libertad, así como el lugar a donde será trasladada.
Foto propiedad de: archivo/ Cuartoscuro
