La fiscalía general de justicia de Nuevo León deberá dictar de forma inmediata las medidas cautelares que sean necesarias, para salvaguardar la economía de los usuarios del transporte consideró el senador del PAN, Víctor Fuentes Solís. Este es el siguiente paso en el proceso penal que sigue la autoridad estatal en contra de los transportistas que incrementaron las tarifas sin autorización.

“Queremos que cesen los daños y perjuicios que se están ocasionando o se ocasionen a los usuarios del transporte con el aumento, así como las medidas que sean necesarias para obligar a los concesionarios del transporte al cumplimiento de la ley y dejen de hacerse ilícitamente de dinero.”

Fuentes Solís dijo que entre las medidas cautelares que se le están solicitando a la Fiscalía está la suspensión temporal de las actividades del servicio del transporte de las empresas involucradas en los hechos, con el fin de evitar que sigan circulando las rutas denunciadas.

“También se requiere la suspensión temporal en el ejercicio del cargo de Jorge Longoria Treviño, director general de la Agencia de Transporte y Vialidad del estado de Nuevo León, en virtud de que en la denuncia se le acusa como presunto responsable de abuso de autoridad al ser omiso en evitar que los concesionarios cobren hasta 17 pesos en el servicio del transporte público en ciertas rutas.”

Respaldado por los diputados Jesús Ángel Nava Rivera, local, y Víctor Manuel Pérez Díaz y el abogado Mauricio Castillo, el Senador dijo que esperan la intervención inmediata de las autoridades para la consignación al Ministerio Público Investigador, para los efectos legales a los que haya lugar, de quien o quienes resulten responsables por los probables delitos de fraude y abuso de autoridad.

Pérez Díaz añadió que los transportistas siempre usan como argumento que para ellos no es negocio; sin embargo, aclaró, según estimaciones, la utilidad neta del transporte público es de mil millones de pesos: “Es buen negocio, muy jugoso, y como lo hemos dicho, si no es negocio para ellos, que se retiren”.

Dijo que estas consideraciones se están teniendo en el proyecto de Ley de Movilidad del estado, con la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, está la propuesta de crear un instituto que se encargue de dirigir las cosas de forma transparentes como lo ha estado pidiendo la gente. Rechazó la propuesta del gobierno estatal de controlar el transporte porque sería con deuda pública.

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