Por Carlos Chavarría.
En México el presidente todo lo puede y López Obrador no es la excepción, pues para eso es el “presidencialismo mexicano” al que nadie quiere restarle poderes. También es cierto que en nuestro país ningún político va a la cárcel por ladrón o corrupto, caen en desgracia por ajustes de cuentas o pago de traiciones al status quo.
Habiendo aprendido la lección, a los pocos años todos los políticos apresados por corruptos salen de la cárcel y hasta se les devuelve su patrimonio, como fue con Elba Esther Gordillo. Es sencillo, ningún político hace las cosas mal, siempre cumplirán con la ley durante su gestión.
Pero en el contexto de una administración que todavía no encuentra su ritmo siempre será necesario el ruido. Este nuevo régimen, como otros que le precedieron, han usado la lucha contra la corrupción como estandarte y para reforzarla se lanzan en la aventura de un apurado proceso para linchar a dos personajes estrechamente vinculados con Peña Nieto y con Carlos Salinas de Gortari.
Apurado, porque el propio, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la Republica (FGR) puntualiza que la carpeta referente a las plantas de fertilizantes vendidas con sobre precio a PEMEX se inició en marzo de este mismo año, aunque el asunto ya se ventilaba desde hacía tiempo.
En congruencia con la presión que la ONU está ejerciendo para que sea efectivo el cumplimiento de los compromisos de los países que firmaron el protocolo respectivo contra la corrupción, la INTERPOL en dos días tenían ubicado a uno de los implicados, al Sr. Ancira cabeza visible de AHMSA, que detuvieron en España.
No tiene nada que ver este proceso con el asunto de ODEBRECHT, la constructora brasileña que sobornó a varios gobiernos de América Latina y que se mencionó mucho en relación a Emilio Lozoya.
Como el asunto ya fue juzgado ante la opinión pública, los que perderán en este asunto serán el FGR y los jueces que conozcan del caso, porque todo pende de movimientos de dinero que apuntan a cuentas de Lozoya y es muy seguro que tenga muchos amigos que se apuntarán para asegurar que le prestaron dinero, como fue con Raúl Salinas.
La lucha contra la corrupción nunca ha sido ni será efectiva en tanto no se haga una reingeniería de todos los procesos tangenciales a la aparición de conflicto de intereses, como son las contrataciones de cualquier tipo, compras, ventas, nóminas, etc.
Acabar con la corrupción no puede ni debe ser un asunto de voluntad presidencial. Cuando algún funcionario o personaje ha sido indiciado en México por corrupción fue porque el presidente del momento, en la mayor de las ironías, torció las leyes para poner un ejemplo.
Lo hicieron así, Miguel De Lamadrid con Díaz Serrano, Salinas con La Quina, Rubén Figueroa con Zedillo, etc., al final todos ellos recuperaron su libertad porque sus causas no se fundaban en la ley debido a que, en la mayoría de los casos, las leyes se diseñaron para convertir lo ilegal o inmoral en legal y ético.
Basta echarle un ojo a las redes sociales del mundo para percatarse de que en todos los países se da en este momento una suerte de revalorización de la honestidad, pero al mismo tiempo hay un silencio cómplice de los medios de comunicación convencionales y de las agrupaciones empresariales.
La gobernanza del mundo quiere mostrar que el modelo de un ente super social todavía puede resultar efectivo frente a los excesos del mercantilismo y la elusión de los riesgos morales implicados. Intento fútil porque el hombre y sus pasiones no cambiarán y lo que en realidad será efectivo contra la corrupción y otras enfermedades sociales es obligar a más participación de la sociedad en los asuntos que afectan a todos y descansar menos en los gobiernos.
