El ex director de Fomerrey, Adalberto Núñez Ramos, libró un procedimiento penal por el delito de ejercicio indebido de funciones, al no aportar la fiscalía Anticorrupción pruebas suficientes para acreditar la acusación.
La defensa del actual subsecretario del Trabajo del Gobierno estatal, presentó un organigrama de directivos que se encargaron de realizar las transacciones a espaldas del acusado, lo que inclinó la balanza a su favor.
Fue el Juez de Control de Monterrey, quien determinó no someter a proceso penal al acusado, al considerar que faltaron pruebas.
El funcionario estatal desde un principio se “lavó las manos” durante la audiencia de imputación, por el desvió de 6.6 millones de pesos por la compra-venta de varios predios de la dependencia estatal, vendido a particulares.
Núñez Ramos enfrentó, desde el pasado cinco de junio, una acusación por el delito de ejercicio indebido de funciones, interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción.
Hasta el momento el ex director de Fomerrey, se convirtió en el primer funcionario de la Administración del Gobernador independiente Jaime Rodríguez, en ser imputado por un presunto caso de corrupción.
El funcionario estatal llegó en punto de las 06:50 a la sala Sexta del Palacio de Justicia de Monterrey, donde se realiza una audiencia para el desahogo de pruebas,
Al desahogarse la audiencia, la Fiscalía ofreció los detalles de las siete ventas presuntamente irregulares en El Carmen y una más en Escobedo, por las que Núñez Ramos es señalado en las diferentes denuncias penales que realizó la Auditoria Superior del Estado.
La parte acusadora indicó que las compras se autorizaron sin el aval del Comité Técnico de Fomerrey, asegurando que el ex titular de dicha dependencia, firmó los documentos para autorizar la compra-venta. Esto fue suficiente para que el Juez Jaime Garza, decidiera imputarlo por el delito ya mencionado.
Sin embargo, este lunes volvió a citar a las partes involucradas, para resolver la situación legal del funcionario estatal.
Los abogados de Núñez Ramos, dijeron que incluso podrían facilitar el trabajo a la Fiscalía, pues tenían identificado en un organigrama las funciones y atribuciones de cada departamento que autorizó las compra-ventas.
Explicaron que los movimientos por los que se pretende inculpar a Núñez Ramos, no se encontraban dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones, sino que el avalúo y venta de terrenos son actividades que corresponden a otras áreas administrativas de la Dirección General de Fomerrey.
Mientras que la Fiscalía aseguró que no existen esas autorizaciones para la enajenación de bienes, los abogados aseguraron que esa documentación existe, y se proporcionó un disco compacto en el que se señalan los archivos y gavetas en las que se encuentran esos documentos.
El juez resolvió que la Fiscalía no justificó que esas autorizaciones no existieran, además de que no se comprobó una afectación al Estado, por lo que decidió exonerarlo.
