Beatriz Maldonado pasó 6 años y 3 meses en prisión luego de que fuera detenida por vender sustancias ilegales. Ella trabajaba en una empresa, pero tras enterarse de que su pareja había adquirido una deuda impagable por ser consumidor de estas sustancias, decidió empezar a vender drogas para proteger a su familia que ya había sido amenazada.
“Lo único que quería era proteger a mi familia. Cuando nos dijeron de la deuda, ‘apistolaron’ a mi nieta de 3 años de edad. Fue el único camino que tuve y aun así perdí todo. La exigencia es para que el sistema deje de encarcelar al hambre y dejar de condenar la necesidad”.
Maldonado relató que cuando a ella la detuvieron, también acusaron a otros miembros de su familia, quienes al poco tiempo fueron liberados y que ahora no tienen relación con ella. “Por ayudar a mi esposo dejé a mi hija con mi nieta afuera, y a mi hijo de 15 años, solos, tratando de sobrevivir porque nadie les ayudó”.
En la presentación de la campaña “#LiberarlasEsJusticia: El Contexto es la Única Diferencia”, Beatriz Maldonado hizo un llamado al Estado para cesar la criminalización contra las mujeres que han sido víctimas de la llamada “Guerra contra el Narco”, y que están injustamente en reclusión.
Mujeres presas de una política fallida
Las organizaciones EQUIS Justicia para las Mujeres y WOLA explicaron que con dicho proyecto buscan que el Estado mexicano establezca un mecanismo legal que permita la liberación de las mujeres víctimas de política de combate a las drogas, y en su lugar implementen estrategias de reinserción social.
“Cuando una mujer es encarcelada por delitos relacionados con drogas, hay graves consecuencias para su familia, su comunidad y su entorno en general. El Estado no toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que la han llevado a realizar tales actividades o las historias de violencia que han sufrido. Ellas son presas de una política de seguridad que no ha funcionado”, dijo la a directora de EQUIS, Ana Pecova, y resaltó que estas mujeres en reclusión no son una amenaza para la sociedad pues la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo, y aseguró que “su encarcelamiento no tiene ningún impacto en disminuir el tráfico de drogas o mejorar la seguridad pública”.
Actualmente existen 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, de las cuales la mayoría fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Falta de oportunidades y necesidad
Lupita Jiménez, integrante de la Red por la Justicia, explicó que el perfil de las mujeres en esta situación es que son madres, embarazadas, indígenas y trabajadoras de campo con dependientes económicos porque el Estado no toma en cuenta su identidad ni las condiciones de cada caso.
“Muchas mujeres se ven obligadas a hacerlo debido a la falta de oportunidades y la necesidad de apoyar a sus dependientes económicos, otras lo consideran una obligación obedecer a sus parejas que están involucrado en el tráfico de drogas”.
Los objetivos de la campaña son visibilizar a las víctimas “más invisibles” de la ‘guerra contra las drogas’; liberar a las mujeres; generar políticas integrales de reinserción, y revisar las políticas de regulación de drogas con enfoque de derechos humanos.
“Cuando se castiga con prisión el tráfico de drogas, no se está castigando solo un delito, se está castigando la pobreza, la ignorancia y la falta de oportunidades”, finalizó Beatriz Maldonado, también integrante de la Red por la Justicia.
El lanzamiento de la campaña #LiberarlasEsJusticia se realizó en la Cámara de Senadores con el apoyo de las senadoras Citlalli Hernández y Patricia Mercado.
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