La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, implementar una estrategia nacional para combatir la tortura con el objetivo de erradicar una práctica “crónica y generalizada”.
En el marco del Día Internacional en Apoyo a Víctimas de la Tortura, solicitó al Estado retomar la lucha contra la impunidad, realizar diagnósticos y crear medidas que ayuden a prevenir la tortura.
“Las nuevas autoridades en México tienen la oportunidad de revertir uno de los problemas más graves que enfrenta el país y dejar atrás una conducta enraizada en el sistema de seguridad y de justicia. A la voluntad se debe agregar la definición de una política pública consistente de combate frontal a la tortura”.
El representante del organismo, Jan Jarab, señaló que las autoridades deben abstenerse de designar, mantener o promover a personas que han cometido actos de tortura, así como de trivializar sus conductas, “preocupa que se continúen nombrando en cargos públicos a personas a las que se les han dirigido recomendaciones por haber cometido actos de tortura”.
Jarab reiteró que es importante atender a personas en una situación de vulnerabilidad pues tienen mayores posibilidades de sufrir tortura o maltrato; al igual que los ataques sexuales contra las mujeres, la situación de privación de la libertad, el encierro prolongado y las condiciones inhumanas o degradantes en las estaciones migratorias.
Finalmente, la ONU-DH exhortó a las autoridades a atender las recomendaciones hechas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, así como las realizadas por tribunales y órganos internacionales de derechos humanos.
Segob prepara plan contra tortura
La Secretaría de Gobernación dio a conocer que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración ha llevado a cabo mesas de trabajo con la Fiscalía General de la República para la creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que el programa se prepara para atender una de las crisis más recurrentes en México: la tortura, así que no será un instrumento político, sino un plan para garantizar la erradicación de la tortura.
“La práctica de la tortura es una de las más terribles herencias de los gobiernos pasados, por lo que la lucha para su erradicación es un compromiso de la justicia transicional que implica determinar la responsabilidad penal, buscar la verdad, llevar a cabo la reparación del daño a las víctimas y garantizar la no repetición”.
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