El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, denunció ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al fiscal veracruzano Jorge Winckler.
De acuerdo con lo informado por Ciro Gómez Leyva, acusa al fiscal de “falsificar documentos oficiales y firmas” para inculparlo de presunto abuso de autoridad, peculado y tráfico de influencias. Duarte de Ochoa además solicita que sean entrevistados excolaboradores que firmaron en su contra.
Los firmantes
El exgobernador señala específicamente a Mauricio Martín Audirac, ex titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, así como a Francisco Antonio Valencia, ex director de la Comisión del agua del estado, por lo que pidió que se lleven a cabo peritajes a las firmas.
Indicó que dichos oficios son prueba de la Fiscalía veracruzana para acusar al ex gobernador de Veracruz de un presunto desvió de 320 millones de pesos durante su gobierno.
A finales de mayo, la Fiscalía General de la República informó que solicitaría la apertura de procesos penales en contra de tres altos exfuncionarios de la administración de Duarte de Ochoa, por su presunto vínculo con el desvío de fondos federales que estaban destinados a servicios de salud, educación y obras.
Se implicó a Audirac, a Gabriel Deantes y el exsubdirector de operación financiera, José Francisco Díaz Valenzuela.
Negativa de amparo
En tanto, se negó a Duarte de Ochoa el amparo que había interpuesto contra la orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.
Según se informó, fue el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en materia Penal quien negó el recurso que fue librado por la Juez de Proceso de Procedimientos Penal Oral de Distrito Judicial de Xalapa, Alma Aleida Sosa Jiménez.
En la demanda de amparo, Duarte de Ochoa argumentó que el mandatario judicial “no satisface los requisitos para su emisión, toda vez que, de la totalidad de datos de prueba, sólo en uno de ellos se hace mención de éste y de los restantes el Ministerio Público fue omiso en emitir razonamientos que los entrelacen”.
No obstante, el juez de amparo Jorge Antonio Medina Ganoa, no concedió la protección de la justicia toda vez que, dijo, lo expuesto por los agentes ministeriales estuvo bien acreditado, porque debía garantizar la protección de la víctima y de los testigos.
Foto propiedad de: Alberto Roa/Cuartoscuro
