Ante la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aceptar la Recomendación 29/2019 sobre los cambios al programa de estancias infantiles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que dicha acción está basada en argumentos falaces que revictimizan a los usuarios de las guarderías.
En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, dijo no aceptar la decisión y destacó el carácter inédito del rechazo “altisonante, desdeñoso e infundado” de la recomendación pues la postura “no se basó en argumentos objetivos y elementos verificables”.
“Las autoridades prefirieron formular una negativa basada en elementos de carácter preminentemente ideológico o político, así como afirmar hechos que no corresponden a la realidad de las cosas, para desinformar y generar en la sociedad una percepción equivocada del caso”.
González Pérez agregó que la recomendación emitida por el organismo que representa tiene por objeto exigir el auténtico y efectivo respeto y vigencia de los derechos, frente a actos arbitrarios e infundados.
Y dijo que “nadie se opone a que se investiguen los casos de corrupción o las irregularidades, pero tales hechos no pueden justificar que se prive a niñas y niños, madres y padres, de la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables”.
Quitar recursos viola principio de progresividad
Durante la conferencia, el presidente de la CNDH argumentó que con la decisión el ejecutivo federal se viola el principio de progresividad de los derechos humanos pues es “una obligación constitucional de todas las autoridades garantizarlos y no puede depender de la apreciación o voluntad personal de ninguna autoridad”.
Afirmó que insinuar que personas mayores o mujeres deben asumir las tareas relativas al cuidado de niñas y niños, “lleva implícito múltiples estigmas y prejuicios sobre lo que debe considerarse una familia, el papel y responsabilidades basados en su género y condición”.
Por ello, llamó a las autoridades a replantear su postura pues de lo contrario la CNDH solicitará al Senado de la República que pida explicaciones a las autoridades responsables y denuncie los hechos ante instancias judiciales a través de un amparo.
El gobierno ya fue notificado de esta postura y la Comisión concedió 5 días para recibir una respuesta.
Foto propiedad de: Carlos Carbajal / Cuartoscuro
