La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, informó este día tras visitar en junio pasado Venezuela, que existen graves violaciones a los derechos humanos y advirtió que si la situación en ese país no mejora continuará la inmigración.
En el informe Bachelet señaló que «existen pruebas razonables para creer que en Venezuela se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud».
Destacó que, si la situación en Venezuela no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanezcan en el país.
La exmandataria chilena destacó que las consecuencias de la grave crisis económica que afecta al país han privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
La Alta Comisionada señaló que en los últimos 10 años y en particular desde 2016 el gobierno venezolano y sus instituciones desarrollaron una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.
“El gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia— y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión», dijo en el informe que se elaboró en base a entrevistas a un gran número de personas.
Bachelet visitó Venezuela del 19 al 21 de junio pasado y se entrevistó con Nicolás Maduro y altos cargos políticos, con integrantes de la sociedad civil, empresarios, profesores y con víctimas y sus familiares.
El informe señaló la paulatina militarización de las instituciones del Estado en la última década, ya que tanto fuerzas civiles como militares realizaron detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género durante las detenciones y las visitas.
La oficina de la Alta Representante documentó 66 muertes durante las protestas de enero a mayo de este año, de las cuales 52 fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del gobierno.
También destaca las ejecuciones extrajudiciales «sorprendentemente elevadas» cometidas por las Fuerzas Especiales (FAES) en el contexto de las operaciones policiales.
El año pasado el gobierno registró cinco mil 287 muertes, presuntamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones, mientras que entre el 1 de enero y el 19 de mayo pasados, mil 569 personas fueron asesinadas, según estadísticas del propio gobierno venezolano.
El informe denunció que el espacio se redujo para los medios de comunicación libres e independientes, mediante la prohibición o la clausura y la detención de periodistas independientes.
“En los últimos años el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.
Bachelet incluyó en el informe varias recomendaciones dirigidas al gobierno venezolano sobre las principales violaciones de derechos humanos documentados por la Oficina que encabeza.
