Por Félix Cortés Camarillo.
Yo goce tanto, tanto cuando me contaron
que te encontraron llorando y bebiendo en la mesa de un bar…
Lupicinio Rodrigues, Venganza.
Las casualidades no existen; son un ente que inventamos para ocultar lo que no sabemos o no queremos desvelar. Todo lo que sucede, todo, es consecuencia –esto, es efecto– de una causa.
No tiene nada de casual que la crisis de gabinete del presidente López haga erupción el mismo día en que uno de los abogados más famosos de México, Juan Collado, es apresado para ser sujeto a proceso al día siguiente por graves delitos. Collado no solamente es conocido en los chismes del espectáculo por sus relaciones sentimentales con actrices de telenovela. Su fama es de otra alcurnia, como defensor de lo “indefendible”.
Abogado de Carlos Salinas de Gortari, de su hermano Raúl, de Enrique Peña Nieto en su divorcio, y en última instancia del líder de los trabajadores mexicanos del petróleo, Carlos Romero Dechamps, con quien compartía libaciones en el momento de su detención, Collado está hoy ligado a proceso por lavado de dinero y por delincuencia organizada.
Esto último antes se llamaba asociación delictuosa; con su nuevo disfraz se ha convertido en delito grave. Ergo, Collado va a seguir su causa en prisión durante seis meses hasta que un juez determine si le hace formalmente preso u hombre en libertad.
De la evidente crisis del gabinete del presidente López será necesario ocuparse en otra ocasión. Él considera tener la situación bajo control y la hace hábilmente pasar por una democratización interna en su movimiento, que vagamente intentó en el PRI tabasqueño, topando con la barrera del gobernador Enrique González Pedrero como hizo remembranza ayer en la mañanera de su aula mediática.
Pero hablábamos de casualidades inexistentes.
Casualmente, la Fiscalía General de la República desempolvó un viejo expediente denunciado en el estado de Querétaro, en el que un terreno sospechosamente expropiado, fue vendido, comprado, recomprado y convertido en un parque industrial orgullo del estado.
Casualmente, en la integración de cuatro empresas fantasmas que hicieron todas las transacciones de compra-venta-reventa, participó activamente el licenciado Juan Collado. Pero eso no es todo: en la página cuarenta de la orden de prisión de Collado –Romero Deschamps temió por momentos que venían por él– se detalla que los verdaderos dueños de la Caja Libertad, protagonista de este fraude, no son los que aparecen en el acta constitutiva, sino –entre otros– Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Mauricio Kuri y Francisco Domínguez Servién.
Yo no sé qué parte de culpa, que alguna habrá, le corresponde a cada uno de los nombrados. Lo único que sé es que no existen las casualidades.
PILÓN.- Solamente puede suceder en Nuevo León. El primer procurador especializado en combatir la corrupción es objeto de una orden de aprehensión. Don Enrique Canales, conocido abogado de Monterey, se clavó nada menos que seis millones de dólares de su cliente.
Resulta que su cliente se llama Encarnación Presa Matute, pero todos la conocimos en los años setenta como Paula Cusi en la televisión, cuando leía los horóscopos en el programa de Jacobo. De ahí fue sacada por el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, para hacerla su amante de muchos años y su tercera y penúltima esposa.
En 1997 Don Emilio tuvo la mala idea de morirse y la perversidad de dejar un testamento lleno de retortijones.
Por angas o por mangas, el 16 % del negocio que Azcárraga hizo crecer, le tocaba a Paula. Otros herederos encontraron la manera de meter a Paula a la cárcel. Tres días después salió, merced a un acuerdo de los nuevos directivos de Televisa y los abogados de la recién liberada, que entregó su parte de la herencia a cambio de seis millones de dólares que los abogados de Paula recibieron.
El abogado principal de Paula era precisamente Don Enrique Canales. A la distancia, el señor Canales no niega haber recibido esos dineros; simplemente dice que no los cobró como honorarios sino como recuperación de gastos, seguramente muy honorables. Ya se sabe, sacado de copias y esas cosas.
Sólo en Nuevo León. ¡Viva la abaticorrupción!
