El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron el crecimiento de violencia y amenazas contra promotores de las organizaciones, principalmente en ese estado. Además, refirieron que en los primeros 15 días de julio, han asesinado a 4 líderes indígenas.

El pasado 8 de julio, los indígenas nahuas David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, originarios de la comunidad de Ayahualtempa, fueron privados de su libertad por el supuesto grupo delictivo “Los Ardillos” en el crucero del Jagüey. Luego, aparecieron asesinados en la localidad de Chautla, entrada a Chilapa, zona controlada por dicho grupo, según pobladores.

Dos días después, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, integrantes del CNI, fueron privadas de su libertad en el mismo lugar y posteriormente, encontraron sus cuerpos en la colonia Corral de Piedra, también en Chilapa.

“Promotores y promotoras del CIPOG-EZ y delegados del CNI denunciamos una campaña de amenazas contra nuestra organización con el fin de exterminar y desarticular a los pueblos organizados”.

A través de un comunicado, ambas organizaciones refirieron que el grupo delictivo “Los Ardillos” está investigando a promotores estatales y regionales del CIPOG-EZ y delegados del CNI para ser amedrentados y desplazados de la zona. Agregaron que las amenazas por teléfono también han crecido.

“Nuevamente tenemos que levantar nuestra voz para denunciar la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales frente a la emergencia humanitaria que se recrudece en el territorio comunitario de la Montaña Baja de Guerrero. Los grupos narcoparamilitares continúan asesinando”.

Líderes indígenas responsabilizan a autoridades

El CIPOG y el CNI reclamaron que la llegada de la Guardia Nacional a Guerrero no ha hecho la diferencia respecto a los índices de violencia en esa región pues “no vemos el desmantelamiento de los grupos narcoparamilitares, ni justicia para nuestros compañeros asesinados”.

“Insistimos y reiteramos que hacemos responsables a los gobiernos del municipio de Chilapa, al gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores, y al gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, por el asesinato de todos nuestros promotores”.

Asimismo, denunciaron que la población infantil no tiene acceso a educación por la presencia de paramilitares y que viven en constante “terror psicológico”.

“Nuestro único delito es defender la vida, defender la tierra, defender el territorio, luchar por la reconstitución integral de nuestros pueblos, luchar por abrirle camino a la vida, en medio de la muerte que nos impone este sistema. La guerra de exterminio ahora nos está golpeando muy fuerte en Guerrero, pero se extiende por todo nuestro país y va cobrando vidas, muchas vidas”, finalizaron.

Foto propiedad de: Archivo / Cuartoscuro

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