La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, aprobaron una serie de medidas que debe aplicar el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León en el tratamiento de datos personales, así mismo también informaron los avances sobre la información de la compra de Drone.

“Hace un mes y medio, el Instituto de Control Vehicular con la finalidad de llevar a cabo un plan de concientización empezó una práctica en estacionamientos privados del área metropolitana, en este caso Monterrey, estuvo colocando algunas calcas en las cuales establecía sí habías cumplido con el pago del refrendo”, recordó Bernardo Sierra Gómez, comisionado presidente.

“En ese sentido, la Comisión y en base a sus atribuciones determinó iniciar una investigación para ver posibles violaciones al tratamiento de datos personales por parte del Instituto de Control Vehicular y se dieron facultades a la Dirección de Datos Personales a fin de iniciar una investigación”.

Dentro del proceso, COTAI solicitó información al sujeto obligado y se encontraron elementos para poder iniciar el procedimiento de verificación, se hicieron ciertos requerimientos, visitas al ICV para revisar las bases de datos y ver el tratamiento de datos personales en poder del sujeto obligado.

“Se determinó que evidentemente le ICV incumplió con ciertos principios como de finalidad, consentimiento, información y de licitud en materia de datos personales y de ahí que se hace la propuesta al Pleno para hacer una serie de recomendaciones e instrucciones para que adopte ciertas medidas”.

También se le exhortó al responsable para que realice el tratamiento de datos personales contando con el consentimiento de los titulares y el tercero, se instruye al sujeto obligado emita de nueva cuenta los avisos de privacidad en la modalidad simplifica e integral correspondientes a las áreas que recaba datos personales.

Así mismo, se instruye al sujeto obligado a tratar los datos personales de los titulares con apego y en cumplimiento a lo establecido a sus atribuciones.

“Una vez que la Comisión notifique al sujeto obligado tiene 10 días hábiles para dar cumplimiento a esta resolución y en caso de que la autoridad no la acate el Pleno puede aplicar una amonestación pública o una multa equivalente a 150 hasta mil 50 veces lo que es la UMA, que asciende aproximadamente de 12 mil a 126 mil pesos, en el caso de que el sujeto obligado no cumpla con la resolución la Comisión”.

Respecto a el procedimiento en relación con la compra del dron, Sierra Gómez recordó que el Congreso solicitó información sobre su costo, si fue una adjudicación directa, la fecha de liquidación y las partidas presupuestales con las que se adquirió, estos dos últimos quedaron pendientes.

“El día de ayer en su página de Internet, el Gobierno del Estado publicó dicha información y se menciona: la descripción de la Partida Presupuestal corresponde a la asignada en el Ejercicio 2018 de la Secretaría General de Gobierno, particularmente a la oficina del Secretario General de Gobierno, correspondiente al programa FASP (Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e impartición de justicia), el tipo de Gasto es de Capital y la Fuente de Financiamiento corresponde a Recursos Fiscales (Recursos Estatales)”.

Sierra Gómez agregó que se describe de manera puntual sobre la partida a la que corresponde esos recursos, lo cual pueden dar mayores elementos para los interesados, quienes en caso de alguna duda tienen posibilidad de ampliar su solicitud de información.

“Lo que sigue por parte de la Ponencia es determinar si con esta información se tiene por cumplida la resolución y darle vista a los denunciantes para que expresen su opinión”.