Para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se excedió al ordenar al Congreso Local emita sanciones en su contra por el desvío de recursos públicos durante la recolección de firmas a favor de su candidatura presidencial.
El excandidato independiente a la Presidencia de la República dijo que el Poder Legislativo del Estado no tiene facultad para sancionarlo porque se encuentran al mismo nivel; más no así entes como la Fiscalía General de Justicia o la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, insistió, en ningún momento incurrió en alguna irregularidad.
“El Congreso no tiene facultades para sancionar a nadie, el Congreso está para hacer leyes, debe ser en todo caso la Fiscalía o no sé, yo no quiero polemizar en este tema. El Tribunal Electoral está asumiendo responsabilidades que no tiene, es decir, no es mi superior jerárquico el Congreso, somos poderes iguales”.
“Puede haber (sanciones), ojalá no sea político, si yo merezco una sanción no es el Congreso quien me tiene que sancionar… Creo que el Tribunal se excedió, debió haberlo mandado a la Fiscalía o alguna autoridad en ese sentido”.
Recordó que, en el periodo de captación de rúbricas en respaldo a su intención de contender en la campaña presidencial, y por cinco meses más, estuvo separado del cargo. Mientras que, por otro lado, nunca se demostró que los apoyos se hayan recolectado en horario laboral, como se presume.
“Nadie ha demostrado que lo hayan hecho en tiempos de trabajo, no hay ninguna resolución de algún Tribunal, de que lo hicieron o hayan hecho en tiempos de trabajo. El Congreso del Estado no tiene facultades para eso, yo no era gobernador, es un tema de ley que yo no estaba en un cargo público, yo pedí licencia a partir del tiempo que me dieron para participar, mis abogados están trabajando sobre eso”.
Cuestionado sobre si fue Manuel González Flores, Secretario General de Gobierno y en ese entonces gobernador interino, quien incurrió en desvíos, reiteró que al momento no se ha comprobado ningún delito. Si bien el Instituto Nacional Electoral determinó que 572 trabajadores del Estado recolectaron firmas dentro de su horario de trabajo, argumentó que el órgano no es una autoridad judicial.
“A mí nadie me ha demostrado que yo cometí una circunstancia. Yo no tengo ningún inconveniente en acudir, explicar, decir lo que a mi interés convenga”.
Rodríguez Calderón esperó que, en caso de si emitir sanciones, el Congreso local actúe conforme a derecho.
Congreso acatará la orden
Los diputados locales de las diversas fracciones aseguraron que están en tiempo y forma, por lo que acatarán la instrucción de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Arturo Bonifacio de la Garza Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción y diputado local de Morena, señaló que recibieron el 29 de julio la sentencia de la Sala en la que hace referencia a un incumplimiento a una resolución del 21 de junio del 2018.
“Me permito comunicar en mi calidad de Presidente de la Comisión Anticorrupción que dicha resolución será acatada por un servidor y se procederá conforme a derecho antes de la fecha estipulada. Los actos de corrupción no deben ignorarse, es lamentable que los principios del servicio público sean infringidos y todo aquel que se involucre en situaciones de este tipo debe ser castigado”.
El coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, dijo que tienen del 1 de septiembre al 20 de diciembre para sancionar a ambos funcionarios: “Que sepa la ciudadanía que el Congreso tiene hasta el 20 de diciembre para sancionar, el caso será atendido y resuelto en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre”.
El coordinador del PAN, Carlos de los Fuente, dijo que el tema se pondrá sobre la mesa a partir de la segunda semana de septiembre, una vez que inicie el periodo ordinario y se encuentren los representantes de todos los partidos: “En la siguiente reunión de Cocri trataremos el tema y lo veremos con los demás coordinadores para incluir en la agenda mínima del siguiente periodo”.
Por su parte, la diputada Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano, dijo que el dictamen es responsabilidad de la Comisión Anticorrupción que preside Morena.
Foto: archivo
