El jueves 8 de agosto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa firmó junto con senadoras de la República, un acuerdo con el cual se iniciará un proceso de amnistía legal para liberar a las mujeres presas por abortar en esa entidad.
La firma del acuerdo sucedió durante el conversatorio ‘Avances y retos en la consolidación del derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia para las mujeres en Puebla’, donde Barbosa señaló que no confrontará el tema del aborto pero propiciará las condiciones para la igualdad de género en esa entidad.
“No seré un gobernador que ponga a su pueblo en un choque, vamos a ser cuidadosos en todos estos temas. He firmado un decreto para iniciar desde los procedimientos legales, la preliberación o el indulto de las mujeres que estén detenidas por el tema de aborto e incluiremos la petición que se refiere a la posesión de drogas (bajo presión de sus parejas)”.
Sobre el tema de la amnistía, el gobernador de Puebla no ofreció más detalles. Pero también refrendó su compromiso para realizar las medidas y acciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, por lo que también enviará un conjunto de reformas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
Durante el evento estuvieron presentes la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Candelaria Ochoa; y las senadoras Lucía Mícher Camarena, Mauricio Kuri y Nancy de la Sierra Arámburo.
En Puebla hay 11 mujeres condenadas por abortar
A principios de julio de 2019, colectivas feministas señalaron que en Puebla se criminaliza a las mujeres por abortar pues de 2009 a 2019, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) había llevado a proceso judicial a 26 mujeres por interrumpir su embarazo, de los cuales 11 han tenido sentencia condenatoria.
Además de los 26 casos, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reportó 55 denuncias por el delito de aborto en ese estado con 13 sentencias condenatorias. Mientras que la Fiscalía General del Estado contabilizó de 2009 a 2018, 69 procesos penales contra mujeres por aborto.
Todo lo anterior sucede mientras en el Congreso local grupos opositores presentan iniciativas y pronuncias a favor o en contra de la despenalización del aborto. El primer intento lo realizó la diputada Rocío García Olmedo, quien presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado para que las mujeres que aborten sean sancionadas con trabajo comunitario y no con prisión
Ante ello, la Comisión de la Familia, encabezada por diputados del Partido Acción Nacional, se expresó en contra de la propuesta bajo el argumento de que se debe respetar el derecho a la vida desde su concepción.
En México el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte materna. En los estados donde es legal la interrupción del embarazo desde el 2007, no hay registros por muerte por aborto.
Foto propiedad de: @MaluMicher
