Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la reforma de ley recién aprobada en Tabasco, conocida como Ley Garrote, que castiga a quien proteste para impedir la construcción de obras públicas y endurece las sanciones por realizar bloqueos en las calles.

A través de una carta, los relatores especiales de la libertad de opinión, expresión y de derechos humanos la ONU, calificaron como “preocupantes” las modificaciones a los artículos 196, 299 y 308 Bis; asimismo le recordó al gobierno de Tabasco, los compromisos internacionales firmados para garantizar los derechos humanos de los habitantes.

“Entendemos que el objetivo principal es reducir la corrupción y la criminalidad (…) sin embargo, nos preocupa el efecto que dicha reforma tendrá en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica”.

Los especialistas internacionales también refirieron que el tiempo de debate y la adopción de las reformas fue en poco tiempo, lo cual, desde su perspectiva, impidió llevar a cabo consultas previas con la sociedad civil así como con expertos, pues las modificaciones pueden ocasionar restringir la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica.

Intervención penal en Ley Garrote ‘es excesiva’

Otra preocupación que resaltaron los relatores de la ONU es la intervención penal, misma que consideraron “excesiva en sus consecuencias y en su limitación al disfrute de derechos humanos”, pues, aunque se endurezcan las sanciones, deben garantizar el derecho a la libertad y de reunión pacífica, por lo que “las limitaciones innecesarias o desproporcionadas deben ser evitadas”.

“El uso de la sanción penal para regular la protesta social de una manera tan general, y con sanciones que pueden alcanzar hasta los 20 años de encarcelamiento es excesivo”.

Por dichas razones, los integrantes de la ONU le recordaron al gobierno estatal que debe cumplir con el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), donde dice que debe adoptar leyes para hacer efectivos los derechos reconocidos, así como el artículo 19 que protege el derecho a la libertad de opinión y expresión.

Finalmente, solicitaron a las autoridades estatales a brindar información sobre las medidas tomadas por el gobierno de Tabasco para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones, federales o estatales, adoptadas, respeten los derechos humanos.

Reformas a la Ley Garrote en Tabasco

El pasado 29 de julio, el Congreso de Tabasco aprobó una serie de reformas al Código Penal estatal, llamada Ley Garrote, que de acuerdo con diferentes organizaciones, criminaliza las protestas sociales.

La primera modificación se realizó al artículo 196 Bis, que ahora establece que cualquier persona que carezca de facultad legal e “impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas” recibirá una pena de prisión de 6 a 13 años y una multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

En tanto, el artículo 308 ahora estipula una pena de prisión de uno a 8 años y multa de 80 a 200 veces el valor de la UMA a la persona que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público de comunicación a través de la obstaculización de alguna vía local.

En el contexto de su aprobación y contra lo declarado por organizaciones de la sociedad civil, el gobernador Adán Augusto López defendió la reforma y aseguró que lo que se busca es combatir la extorsión de grupos sindicales, que impiden el libre tránsito o bloquean obras para obtener un beneficio propio.

Fotografía: Cuartoscuro

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