Tras presentar evidencias de servidores públicos quienes fueron obligados a la recolección de firmas durante la campaña para la presidencia del país de Jaime Rodríguez, el Senador, Samuel García aseveró que “la destitución es tan sólo el mínimo de las sanciones que debe recibir el gobernador”.
Dichas evidencias involucran a 40 servidores públicos que trabajaban para el programa Aliados Contigo, dedicado a medir indicadores de pobreza en cuanto a salud, educación y alimento, el cual fue distraído de sus funciones durante el comienzo de la campaña de firmas.
La ex participante del programa, María Deyanira Balboa, acudió en conjunto con el Senador, Samuel García, para presentar las evidencias en donde destacaron que fueron obligados a juntar alrededor de 200 firmas por semana a nivel local. Una vez recolectada la cuota, fueron forzados a realizar el mismo proceso en otros estados de la república, de hacer caso omiso, eran amenazados a recoger su renuncia.
Algunos de los estados en los que acudieron a realizar el proceso de recolección fue en Colima, Querétaro, Michoacán, San Luis, Durango, Zacatecas y Jalisco, esto durante siete semanas bajo las órdenes del Secretario de Gobierno y de Miguel Chávez y Mauricio Monsiváis, ambos encargados del programa Aliados Contigo.
“Los 40 funcionarios de Aliados Contigo que deberían estar aquí cuidando la pobreza fueron obligados a irse a siete estados durante siete semanas a juntar firmas, y seguían siendo pagados por gobierno del estado”, dijo el Senador afuera de la Fiscalía anticorrupción.
Además, mencionaron que posterior a la recolección de firmas, los servidores públicos en lugar de cumplir con los objetivos de Aliados Contigo, fueron obligados a realizar actividades por la temporada electoral como la impresión de cuadernillos de la lista del INE, la creación de estructuras, y formar casilleros.
Deyanira Balboa dijo que, en su caso en particular, fue obligada a ser madrina de la candidata a Diputada local del distrito 15, Estefanía Duarte.
“El día de la jornada electoral le dijeron que tiene que repartir 1 millón 650 mil pesos en efectivo en casilleros y en voto, o iban a tener que ir por su renuncia. Con ese temor de que la fueran a correr, los 40 servidores tuvieron que traer el efectivo y repartirlos por todo el estado entre casilleros. Todavía terminando el encargo, llega un nuevo jefe y la corren y le dan 6 mil pesos de gratificación”.
Recordó que en cuanto al tema de recolección de firmas ya hay sanción electoral, y que, así como presentaron las evidencias en la Fiscalía anticorrupción, acudirán a realizar el mismo procedimiento en la Fiscalía electoral de Nuevo León, así como en la FEPADE, donde ya hay un expediente abierto.
“Vamos a seguir insistiendo en que lo mínimo es la destitución, ya no digo inhabilitación temporal y multa millonaria; lo mínimo es la destitución y que quede un precedente nacional que sería la primera vez que se castiga a un gobernador por el desvío de recursos”.
