El gobierno de Ecuador oficializó el traslado de la sede del gobierno de esta capital a Guayaquil, mediante el Decreto Ejecutivo 888, que incluye además un toque de queda entre las 20:00 y las 05:00 horas, de lunes a domingo.

Mientras tanto, policías y militares ecuatorianos desalojaron a los indígenas que habían logrado ingresar a la sede de la Asamblea Nacional (congreso), mientras que los manifestantes se replegaron hacia el parque El Arbolito, en la zona centro-norte de esta capital.

El toque de queda se aplicará en las áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas, como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que defina el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras dure el estado de excepción, reportó el diario local El Comercio.

Tras las protestas generadas por las reformas económicas, Moreno decretó el estado de excepción en el país por un periodo de 60 días, sin embargo, la Corte Constitucional de Ecuador redujo el plazo en el que estará vigente la medida a 30 días.

En el congreso, los inconformes, varios de ellos con escudos de madera con la leyenda “guardia indígena”, lograron romper el cerco de seguridad alrededor del Legislativo y un grupo ingresó al salón plenario de la Asamblea, sin embargo, las fuerzas del orden los dispersaron minutos después, reportó la televisora local Ecuavisa.

Reunión previa a la huelga general

Miles de indígenas, que llegaron desde diversos puntos del país, se congregaron en el parque El Arbolito y en el Ágora de la Casa de la Cultura para definir las acciones que tomarían respecto al paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para este miércoles.

El presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Leónidas Iza, indicó que hay dos condiciones para entablar un diálogo con el gobierno del presidente Lenín Moreno: la salida de los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; y de Gobierno, María Paula Romo, a quienes acusan de “incrementar la violencia”.

La segunda condición es derogar el Decreto Ejecutivo 883, con el que se eliminó el subsidio a los combustibles, entre una serie de reformas económicas que han provocado las protestas de los últimos días en Ecuador.

Iza aclaró además que los indígenas no son responsables de actos violentos, como el registrado la noche del lunes, cuando personas no identificadas habían ingresado por la fuerza a la Contraloría del Estado en Quito, y advirtió que los infiltrados en su movimiento serán sometidos a la justicia indígena.

Por su parte, el presidente Moreno se reunió el martes con funcionarios de su gabinete en Guayaquil, a donde trasladó la víspera la sede del gobierno ante las protestas contra el paquete de reformas que decretó la semana pasada.

En la reunión participaron el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el contralor General del Estado, Pablo Celi; el procurador Íñigo Salvador; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, y el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Christian Cruz.

También asistió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien habló de las protestas realizadas la tarde del lunes en la ciudad de Nueva Loja, donde fueron detenidas más de 80 personas, entre ellas el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, de acuerdo con el diario local El Universo.

Más de 500 detenidos

En tanto, las clases en escuelas y colegios del país se encuentran suspendidas y un total de 84 vías en 21 provincias presentan cierres por las manifestaciones de este martes.

El secretario de la Presidencia de Ecuador, Sebastián Roldán informó en su cuenta de Twitter que 570 personas habían sido detenidas hasta este martes por atentar contra bienes públicos y privados, paralizar vías o violentar contra otras personas de manera injustificada.

Sin embargo, el Ministerio del Interior reportó que 676 personas han sido arrestadas entre el 3 y el 7 de octubre en el país, mientras que 87 policías resultaron heridos en el marco de las protestas en el país.

La Policía Nacional confirmó, por su parte, que murió uno de los tres jóvenes que cayeron desde el puente de San Roque, el pasado lunes. El fallecido fue identificado como Marco Oto, de 26 años.

La Fiscalía de Ecuador informó a su vez en su cuenta de Twitter que con el apoyo de la polícía “ejecuta allanamiento a las instalaciones de radio Pichincha Universal, para recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos (art. 348 del COIP)”, pero hasta el momento no hay más información.

Las protestas en Ecuador se generaron luego que el presidente Moreno decretó un conjunto de medidas económicas, que incluyen la eliminación del subsidio a los combustibles.

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