Luego de que el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito del Estado de México ordenara la reaprehensión de los 7 militares implicados en la masacre de 22 civiles dentro de una bodega en Tlatlaya, el 30 de en junio de 2014, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló que se confirma que hubo ejecuciones extrajudiciales.

“La resolución confirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, tal y como lo han señalado por cinco años las sobrevivientes y los organismos de derechos humanos”.

A través de un breve comunicado, la organización aseguró que el dictamen del Tribunal acredita que las autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios; además de que evidencia que el análisis del magistrado que dejó en libertad a los soldados en 2016, fue parcial.

Entre sus 6 conclusiones sobre la reciente resolución, el Centro Prodh expuso la oportunidad del Poder Ejecutivo de detener y someter a procesos judiciales a los perpetradores, a través de una investigación exhaustiva que permita implementar mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas en ejecuciones arbitrarias, como lo señaló el Comité de Derechos Humanos de la ONU a México.

De acuerdo con reportes en medios, el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México resolvió un recurso de apelación en el que consideró que la Fiscalía General de la República debe regresar a prisión a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para ser enjuiciados por ejercicio indebido del servicio público y 3 de ellos, también por homicidio.

“La resolución abre la puerta para avanzar en dicha rendición de cuentas en un entorno marcado por el uso desproporcionado de la fuerza letal, pues para terminar con las violaciones a derechos humanos no solo se requiere cambiar las órdenes, sino también llevar a juicio los perpetradores”.

El 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. En un primer momento, la Sedena señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo delictivo y elementos del 102 Batallón de Infantería.

Sin embargo, investigaciones periodísticas y testimonios de sobrevivientes revelaron las muertes fueron resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.

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