El pasado 24 de octubre, un grupo de personas armadas irrumpieron el albergue El Refugio Casa del Migrante, golpearon a al equipo de colaboradores y se llevaron 20 mil pesos, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), expresaron su indignación y solicitaron la implementación de medidas cautelares para resguardar la seguridad de las personas en dicho refugio.
El pasado viernes, la casa de migrantes que se ubica en Tlaquepaque, Jalisco, denunció que el sacerdote Alberto Ruiz Pérez y parte del equipo colaborador de dicho centro fueron objeto de agresiones violentas, que consideraron abusos directos contra el personal y las personas defensoras de los derechos humanos.
“Preocupa que estos hechos no sólo hayan afectado la integridad, intimidad y el patrimonio de esta organización y de las personas que ahí laboran, sino que se pretenda inhibir su labor como defensores de los derechos humanos».
De acuerdo con los organismos, solicitaron a las autoridades competentes que se investigue lo ocurrido dentro del albergue, bajo el protocolo de agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos.
También pidieron garantizar la seguridad del Presbítero Alberto Ruiz y su equipo de trabajo, para que hechos como los ocurridos no vuelvan a suceder, y puedan seguir realizando sus actividades en la defensa y protección de las personas migrantes y refugiadas.
«Actualmente, las y los defensores de derechos humanos enfrentan el riesgo y vulnerabilidad que implica realizar una tarea como la que su labor y vocación requiere, en un contexto como el que vive el país. Cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de los defensores civiles se niega a su vez a muchísimas personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a derechos humanos».
Desde la implementación de la política migratoria en México, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las casas de migrantes han denunciado en reiteradas ocasiones, hostigamiento y agresiones en su contra.
Antes de lo sucedido en Jalisco, la Casa del Migrante Saltillo denunció hostigamiento por parte elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la policía local de Coahuila, al intentar realizar verificación migratoria en la puerta de sus instalaciones.
