De 2014 a 2018, a nivel estatal y federal, se han iniciado casi 24 mil investigaciones por delito de tortura en México, mismos que continúan en impunidad sin condenas ni sanciones a las autoridades que la cometen, según refirió el Observatorio contra la Tortura al presentar la plataforma sintortura.org con los datos más relevantes de esta violación a derechos humanos.

De acuerdo con Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, las cifras reveladas por las fiscalías o procuradurías estatales, así como la Fiscalía General de la República, muestran la impunidad absoluta en México para juzgar el delito de tortura, pues destacó que en los últimos 5 años, a nivel federal se iniciaron 9 mil 998 investigaciones, y en los estados esta cifra ascendió a 14 mil carpetas iniciadas.

Recordó que las cifras pueden no representar la realidad debido a la cifra negra de personas que no denuncian; además señaló que, en muchos casos, las investigaciones no se judicializan, pues o en 2018 a nivel estatal se iniciaron 3 mil 600 carpetas de las cuales sólo hubo 2 consignaciones.

“Lamentablemente continúa la práctica de tortura y con impunidad, y esta plataforma es una iniciativa que se crea para monitorear los avances ante la falta de implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La plataforma ofrece un panorama de cómo vamos en la materia porque si no se implementa, de poco va a servir”.

Para Lucía Chávez Vargas, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e integrante del Observatorio contra la Tortura, el objetivo de la plataforma es monitorear la implementación de la Ley General e impulsar a que las autoridades cumplan con sus obligaciones; además de sintetizar datos relevantes del tema.

“Ante la falta de bases de datos públicas y oficiales que permitan conocer de forma clara dicha información, la plataforma muestra a partir de 10 rubros de indicadores a nivel federal y estatal, los grandes pendiente en el combate contra la tortura. Asimismo, permite comparar información y muestra hallazgos principales”.

Otros datos contra la tortura

Por su parte, Natalia Pérez Cordero de Fundar, ofreció datos que se tienen sobre 2019, ya durante la nueva administración, donde destacó que a nivel federal se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 84 quejas por tortura y 199 por malos tratos, lo que representa una disminución en cifras comparadas con años anteriores.

En cuanto a sentencias por el delito de tortura, el Observatorio dijo que a nivel federal en 2018 hubo 17 sentencias, pero sólo 2 fueron condenatorias, y en los estados no se registró ningún proceso judicial. Asimismo, refirieron que para 2019, únicamente 10 estados cuentan con una fiscalía especial para investigar tortura, otros 10 tienen una unidad especial, pero 11 entidades no han creado ninguna instancia como obliga la Ley General.

“En cuanto a peritajes para determinar a víctimas de tortura, destacar que las fiscalías y unidades ni cuentas con personal para realizar exámenes médicos especializados sobre secuelas de tortura y malos tratos, tienen un número muy bajo de peritos e incluso la FGR muestra deficiencias”.

Una acotación importante fue sobre exclusión de prueba ilícita que se refiere a las incidencias de la tortura como medio de investigación para obtener confesiones bajo presión, fenómeno que persiste en México. También precisaron que en 2018 sólo 1% de las víctimas de tortura tuvieron acceso a reparación de daño; y en ese mismo año, el número total de quejas a nivel nacional ante la CNDH y comisiones estatales de derechos humanos fue de 4 mil 759.

Frente al panorama anterior, las organizaciones que conforman el Observatorio contra la Tortura (Centro Prodh, Fundar, CEPAD, Documenta y la CMDPDH) recomendaron a los gobiernos de todos los niveles retomar el cumplimiento de la Ley General e implementar de forma efectiva para erradicar la tortura en México.

“Hacemos un llamado a la Fiscalía General, a la Secretarías de Gobernación, a la CEAV, al Poder judicial y a todas las demás autoridades encargadas de esta Ley, a que realicen las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y garantizar el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas de tortura en México”.

Finalmente recordaron que las autoridades con más denuncias de tortura son las estatales y locales, sin embargo, todas las fuerzas de seguridad están involucradas, incluyendo a las Fuerzas Armadas, por lo que expresaron su preocupación por la participación de éstas en el modelo de seguridad pública actual.

Fotografía: Centro ProDH

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