La Fiscalía General de Bolivia negó que se haya solicitado una “notificación azul” a la Organización Internacional de Policía Criminal en contra del expresidente Evo Morales, como afirmó el fiscal de La Paz, Williams Alave.

“A través de Interpol se activó esta alerta azul, lo que significa que esta persona (Evo Morales) está siendo investigada y las policías internacionales lo que hacen es conocer de esa investigación que se tiene a efectos de tomar en cuenta para cualquier tipo de circunstancia… Se ha coordinado este trabajo de investigación en contra de Morales, se está coordinando el trabajo de investigación con otros equipos y con otros casos”, declaró Alave al periódico La Razón.

Sin embargo, en una rueda de prensa en la ciudad de Sucre, sede de la Fiscalía General de Bolivia, su titular Juan Lanchipa, corrigió a su colega y dijo que “Nosotros, de manera formal, informamos que no se ha solicitado la notificación azul, y el reporte que tenemos de manera directa por Interpol confirma ese hecho… No vemos conveniente esa solicitud (a Interpol)”. Además, aclaró que la notificación azul se realiza cuando no se conoce el paradero de una persona investigada: “Nosotros tenemos conocimiento de la ubicación del señor Morales por lo cual no es necesaria esa solicitud”.

Morales, quien se encuentra asilado en México desde el pasado 12 de noviembre, enfrenta varias denuncias en Bolivia por los delitos de sedición, terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado e instigación pública a delinquir, entre otros.

Una de las denuncias contra el exmandatario boliviano fue presentada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y otra por el ahora director del Fondo Indígena, Rafael Quispe.

Morales había dicho desde su asilo en México que la Interpol emitió una orden de búsqueda internacional en su contra con “notificación azul” en 10 naciones por varios delitos, y anunció la conformación de un equipo de juristas para asumir su defensa.

Morales renunció a la Presidencia el pasado 10 de noviembre, en medio de acusaciones de fraude en los comicios del 20 de octubre, en los que fue declarado ganador para un cuarto mandato consecutivo, lo que detonó una crisis social y política en el país andino.

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