Por Félix Cortés Camarillo

Casi sin darnos cuenta, los mexicanos nos acabamos de salvar, al menos por ahora, de un atraco jurídico de cuya magnitud y consecuencias no nos habíamos dado cuenta muchos. Vamos, ni siquiera los autores del atentado legal estaban plenamente conscientes de lo que estaban haciendo.

            Sin el barullo que suele acompañar las empresas de esta categoría, el Ejecutivo estaba preparando –y las otras instancias del poder se aprestaban a aprobar– radicales reformas a la administración de la justicia en nuestro país.

            Entre otras medidas que se iban a entregar ayer mismo al fiscal general Alejandro Gertz Manero para que las presentara a la Comisión Permanente, medidas basadas en documentos que comenzaron a circular apenas el lunes sin aclarar la autoría de estos, el mismo fiscal anunció que el plazo se amplía hasta el primero de febrero.

            No es minucia de lo que estamos hablando. Las modificaciones al sistema de impartición de la justicia contemplan la transformación de la fiscalía de Gertz en una super fiscalía con autoridades aumentadas, que incluyen el acceso a todo tipo de registros, bases de datos, información o documentación, aún cuando tenga carácter de reservado o confidencial. Se le otorgan poderes que hoy tiene la temida dirección de Investigación Financiera de Hacienda.

            Eso es lo menos. Todo el espíritu de esta reforma está orientado a violentar los derechos humanos. De manera especial haría desaparecer el concepto de derecho romano, esencial en todas las legislaturas modernas, de la presunción de inocencia: uno tiene que ser considerado inocente mientras su culpabilidad no sea plenamente demostrada y documentada. En contra de ese principio va la institución del arraigo para todos los delitos, los cateos, la intervención de todas las comunicaciones y la eliminación de facultades del Poder Judicial.

            Delante de la secretaria de Gobernación, los representantes de todas las corrientes legislativas, el abogado del presidente Julio Scherer, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, el fiscal Gertz hizo un desglose de los cambios para luego anunciar que será hasta el primer día de febrero cuando se dará el paso al frente. Monreal tuvo que comprometerse a que no votarían en contra de los derechos fundamentales,

            Los mexicanos, pese a lo que piensen los políticos, no nos chupamos el dedo. Sabemos muy bien que en este país no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor… presidente. De esta manera, las iniciativas perversas provinieron de su equipo legal. La orden de posponer el golpe tuvo el mismo origen. Tamaño retroceso no lo emprendería ni Trump, por citar a los clásicos. Es necesario reconocerle al presidente López por lo menos un momento de lucidez.

            La amenaza no está conjurada, simplemente pospuesta. Ahora toca a las fuerzas políticas de nuestro país, que las hay, a combatir este desaguisado. En materia de justicia hay mucho por hacer, pero no es por ahí.

PARA LA MAÑANERA.-  Con todo respeto, Señor Presidente: ¿es tan fuerte la presión de Donald Trump en su camino a la reelección como para que el gobierno de México dé un giro de 180 grados en su política migratoria en menos de un año? Los que organizan la siguiente caravana migrante en Honduras piensan que serán recibidos como antes por el gobierno mexicano, con los brazos abiertos, la garantía de asilo y la oferta de trabajo y vivienda en nuestro país. No saben que este país ya cambió.

felixcortescama@gmail.com

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