La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) reveló que en los primeros 10 meses del 2019, el volumen acumulado de ventas de bebidas saborizadas tuvo un aumento de 1 por ciento con relación a igual período del año anterior.
Esto significó un que se superaron los 19,000 millones de litros, de acuerdo con datos publicados por la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otro lado, en términos de recaudación, de acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hasta el mes de octubre de 2019, a casi 6 años de implementación del impuesto a esta categoría, se han recaudado 134,937 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas.
Habría que anotar que a partir de este año el 2020, la cuota del IEPS tuvo una actualización por acumulación de inflación y pasó de 1.17 a 1.26 pesos por litro.
La ANPRAC pretende ser una fuente de información que genera intercambios de experiencias, datos y acciones con la industria de bebidas en el mundo y con la cual comparte experiencia internacional.
ANPRAC pone como ejemplo el caso de Dinamarca, país en el cual a finales de 2011 se implementó un “Fat Tax” y un año después se realizaron análisis de los impactos y se llegó a la conclusión de que finalmente, ante la carga fiscal dirigida al consumidor de ese país, el gobierno decidió eliminar el impuesto.
Trascendió que en el caso Dinamarca menos del 7 por ciento de la población cambió sus hábitos alimenticios, y el incremento de precios originó un fenómeno de inflación del 4,7 por ciento en 2012.
Asimismo, hubo reducción en las ventas de los comercios locales y el desplazamiento de la población a otros países cercanos para realizar sus compras.
En Dinamarca, no ha habido evidencia de que el impuesto reduce los niveles de obesidad. Se ha producido un impacto negativo demostrado sobre la economía local y la industria, apuntó ANPRAC en un boletín, el cual llama a observar y evaluar lo que la experiencia internacional puede aportar al desarrollo de propuestas de política pública para el caso de México.
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