Para proteger la economía de las familias y darle continuidad a la productividad laboral del estado, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado avanzó, en primera vuelta, con la reforma al artículo 85 de la Constitución local, como parte de la iniciativa para crear la Ley de Emergencia Económica presentada por el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, y las Cámaras Empresariales.
La tarde de este lunes, de forma virtual, en la Comisión se aprobó por unanimidad la modificación a la fracción XVII del Artículo 85 como base para expedir la Ley de Emergencia Económica, que sería la reglamentaria para definir las actividades esenciales en caso de contingencias, así como los incentivos fiscales y la creación de un fondo para apoyar la actividad productiva en la entidad.
Con la iniciativa se busca otorgarle al Ejecutivo la atribución de proteger la economía de las personas y la productividad laboral en todo el Estado, por lo que se otorgaría el blindaje jurídico necesario para su cabal aplicación.
«La Ley tiene como objetivo proteger la economía de las familias de Nuevo León y que el titular del Poder Ejecutivo, ante acontecimientos presentes o futuros que pongan en riesgo la actividad económica y laboral en el Estado, tenga la atribución de emitir en un plazo no mayor a 48 horas una Declaratoria de Emergencia Económica», establece el documento.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, la reforma constitucional debe ser votada y aprobada en dos vueltas por el Pleno del Congreso para tener validez, y una vez cumplido este requisito se procederá a expedir la ley reglamentaria correspondiente.
Cabe recordar que el pasado martes, José Francisco Guajardo Valdez, Presidente la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo León; Horacio Martínez Villegas, Director General del Instituto para la Protección Ambiental de la CAINTRA NL; Marco Salazar Peñuñuri, de la Cámara de Desarrolladores de Vivienda (CANADEVI); Verónica Rodríguez Arredondo, Directora General de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC); José Juan Saldívar Andrade, de la Cámara de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (CANACOPE); y Alfredo González Villegas, de la Cámara de Autotransporte de Carga (CANACAR), firmaron como promoventes de la iniciativa, junto con los integrantes del Grupo Legislativo del PRI.
En la Ley de Emergencia Económica se plantea que sea considerada como actividades esenciales aquellas, cuya suspensión, puedan tener efectos irreversibles para su continuación, tales como industria de alimentos y bebidas; la distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas; el transporte de pasajeros y de carga, las telecomunicaciones, vivienda, industria de la construcción, del acero, del vidrio, del plástico, química y automotriz, sin descartar otras áreas económicas.
La nueva Ley también plantea la creación de un Fondo de Declaratoria de Emergencias, que podría iniciar con mil millones de pesos, que permitiría tomar medidas inmediatas cuando se emita la declaratoria.
Además, se propone crear un Consejo Estatal de Emergencia Económica, como un órgano interinstitucional eventual y temporal con funciones de asesoría, consulta, opinión y decisión, en materia económica y laboral, el cual estaría integrado por el Gobernador, Tesorero, el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo, CANADEVI, CAINTRA, CANACO, CANACOPE, CANACAR, CANIRAC, CMIC y COPARMEX, así como académicos y alcaldes metropolitanos. Su principal función será determinar el destino del Fondo de Emergencia Económica.
