La Secretaría de Gobernación (Segob) concluyó que el “Pin Parental” es violatorio de los derechos de los niños y adolescentes en México dado que “despoja al Estado de la rectoría constitucional” que tiene para determinar los contenidos educativos.
A través de un comunicado, la dependencia advirtió sobre la afectación al “Interés Superior de la Niñez” para que reciban educación sexual y reproductiva, además de laica y científica.
“El ‘Pin Parental’ es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable”Segob
Padres podrían tener injerencia en contenidos educativos con ‘Pin Parental’
La Segob especificó que a inicios de 2020, por lo menos 5 congresos estatales presentaron iniciativas de reforma a las leyes de educación y derechos de niñas, niños y adolescentes en México, así como a constituciones locales para que los padres y madres tengan injerencia en los contenidos educativos de sus hijos.
Las iniciativas proponen el veto a contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, además de elegir que no asistan a clases cuando estas no coincidan con sus “convicciones éticas, morales o religiosas”.
En específico, las autoridades educativas tendrían restricciones para la impartición de conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.
Segob explica consecuencia de aplicación de ‘Pin Parental’
Por todo ello, la Segob puntualiza que si se aprueba el denominado “Pin Parental”, las autoridades le considerarían inconstitucional por violación a los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, además de la transgresión a la rectoría del Estado para la definición de los contenidos educativos.
La dependencia determinó enviar a los congresos locales de las 32 entidades un documento de análisis donde se exponen los criterios jurídicos vigentes respecto a la educación laica en México, además de las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados que defienden los derechos de los niños.
La Segob añadió que el documento desarrolla las “consecuencias sociales” de las iniciativas estatales para que los menores de edad accedan a vidas libres de violencia:
- incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes
- embarazo infantil y adolescente juvenil
- acoso escolar
- discriminación y homofobia