Por: Obed Campos
De nada le sirve al municipio de Santa Catarina, Nuevo León, que en algún tiempo compitió por ser capital industrial, su posición estratégica como puerta (que lo es) al área metropolitana de Monterrey, porque su administración no corresponde a la de una urbe, sino más bien parece el manejo de un rancho.
El alcalde, Héctor Israel Castillo Olivares, panista él, se comporta como un calienta sillas, porque parece que trabaja en cuidarle el lugar al verdadero dueño del pandero panista en el municipio, el diputado federal Víctor Manuel Pérez Diaz, quien, dicen, tiene al municipio como su coto.
Poco le importa a Castillo que el municipio haya adquirido importancia internacional con la instalación, en su territorio, del Consulado de los Estados Unidos, una de las misiones diplomáticas más grandes de ese país a nivel mundial.
Santa, como la conocemos cariñosamente a la ciudad, sigue siendo una aldea, o una gran ranchería.
Y el viernes hubo, de nueva cuenta, un botón de muestra, cuando una decena de policías municipales, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron detenidos tras una inspección de elementos militares.
A los municipales, dice el reportero Víctor Badillo, les decomisaron dosis de drogas y armas ilegales, entre algunos artefactos, como teléfonos celulares, que, por ley, los polis tienen prohibido portar.
El periodista Badillo dice en su reporte que aunque la acción se manejó con bastante sigilo, al menos otra decena de uniformados mandaron sus renuncias y ya no se presentaron a trabajar.
Se dijo que el operativo de los soldados obedeció a la detención de un líder de la delincuencia organizada, quien habría señalado la complicidad de los polis.
En ese punto, como en muchos otros, el alcalde Castillo Olivares le ha quedado mal al municipio y le ha quedado debiendo al pueblo.
REBATINGA EN MOVIMIENTO CIUDADANO
Como si no hubiera suficientes problemas en el estado, la bancada del Partido Movimiento Ciudadano trae un estira y afloja, porque según la mayoría, fue esa fracción la que expulsó a Karina Barrón, y que las pruebas están en la Oficialía de Partes del Congreso.
Claro que Karina, fiel a su costumbre, dice que no la corrieron, que ella renunció antes.
Y para esto les pagamos.
