A seis días de que se defina la situación del Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón y del secretario General del Gobierno por el asunto de las broncofirmas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron el análisis del proyecto de resolución de la Controversia Constitucional.

Fue a sesión privada en que los ministros comenzaron a ver punto por punto y detalle a detalle los alegatos presentados por el mandatario estatal.

Cabe destacar que aún hay diferencias marcadas entre los integrantes de la Primera Sala  con el proyecto de propuesta hecho por el ministro Juan Luis González Alcántara, encargado del expediente.

Algunos de sus compañeros están a favor y otros en contra lo que mantuvo a discusión la resolución.

De acuerdo con el dictamen la resolución vendrá a favor de Rodríguez Calderón y de González Flores quienes en repetidas ocasiones han argumentado que el Congreso no tiene facultades para sancionarlos ya que no es su superior jerárquico.

Al entrar a debate, el ministro Jorge Mario Pardo señaló que estaba en contra de admitir asuntos derivados de procesos de índole judicial o electoral, mientras que la ministra Margarita Ríos Farjatha señalado que este caso no podía ser admitido al considerar que no era materia de este tipo de recurso.

Ante la división de criterios, la Suprema Corte aún no define si resolverá a favor o en contra de los funcionarios estatales.

Por lo que aún la decisión final está en el aire, y será hasta el 15 de julio cuando se defina ya una postura.

Como se recordara, la Suprema Corte le prohibió al Congreso de Nuevo León sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez, por haber utilizado a 572 empleados públicos para recabar firmas de apoyo a su candidatura presidencial en 2017.

El Ministro Juan Luis González Alcántara concedió al “Bronco” una suspensión similar a la que su ex colega Eduardo Medina Mora otorgó el 3 de octubre del 2019, horas antes de presentar su renuncia a la Corte.

Ante tal situación, el Poder Legislativo se inconformó e interpuso una apelación pero la misma Corte decretó infundado este reclamo.

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