Por Claudia Tapia

Como advertí que pasaría, el pasado 5 de agosto, la Suprema Corte de Justicia echó para atrás el proceso de sanción al gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, el Bronco, y a su secretario general de Gobierno Manuel Florentino González Flores, por inconstitucional. Aquí les explicaré brevemente y de la forma más sencilla posible qué pasó.

A raíz de una sentencia del 21 de julio del 2018 del Tribunal Electoral, se ordenó al Congreso que sancionara a los dos funcionarios en cuestión, por haber sido omisos en tomar las medidas adecuadas para evitar que 572 servidores públicos a su mando recabaran firmas en jornada laboral para la fallida candidatura presidencial de Jaime Rodríguez.

Con base en esa sentencia, el Congreso expidió unas llamadas “reglas procesales” creadas específicamente para regular el proceso que se llevaría a cabo para sancionar a esos dos funcionarios, sin el fundamento debido. En pocas palabras, fueron una vil invención, violando directamente la Constitución federal y la local. Las únicas que no votamos a favor en el Pleno para aprobar esta torpeza, fuimos la diputada Ivonne Bustos y su servidora.

Por esta razón, el Poder Ejecutivo promovió una demanda ante la Corte, que se denomina “controversia constitucional” y sirve para impugnar algún acto de algún Poder del Estado que invada la esfera de otro Poder; en este caso, el Poder Legislativo estaba pretendiendo subordinar al Ejecutivo, por lo que esta demanda fue admitida.

La resolución del pasado 5 de agosto determinó básicamente tres cosas:

  1. Que se había violado la garantía de legalidad, porque el Tribunal Electoral nos había mandatado que determináramos una responsabilidad, no que necesaria y forzosamente sancionáramos; menos aún con reglas inventadas y totalmente fuera del marco de la ley que crearon un proceso a modo y fuera de nuestras competencias como Congreso.
  2. Que se había violado el principio de igualdad, porque esas reglas procesales pretendían crearse como ley sancionatoria específicamente para dos funcionarios, y eso implicaría que en el Congreso nos convirtiéramos en un tribunal especial juzgando con una ley especial, cosa que está prohibida por nuestra Constitución, ya que todas y todos debemos ser juzgados por lo que ya está previsto en las leyes.
  3. Que se había violado el principio de división de poderes, porque el Congreso pretendió subordinar al Poder Ejecutivo y ello es una transgresión grave a la democracia y al Estado de Derecho.

Desde el principio, cuando se aprobaron estas reglas procesales el 23 de septiembre de 2019, advertí que eran inconstitucionales, que nos estábamos excediendo de nuestras facultades y de lo que preveía la ley y que, por ende, serían fácilmente impugnadas por el gobernador y el secretario general.

Advertí que el Congreso, según lo que establece el artículo 63 de nuestra Constitución local y demás leyes, sólo puede sancionar al Ejecutivo por la vía del juicio político.

Pero en Movimiento Ciudadano se aferraron a hacer un proceso a modo, totalmente ilegales, con tal de construir la plataforma política de cierto aspirante a la gubernatura en 2021.

Si hubieran querido en serio sancionar a estos funcionarios y blindar el proceso de forma que no fuera ilegal y así no pudiera eventualmente prosperar una impugnación (como sucedió), la vía era la del juicio político.

Ahora, gracias a que se aferraron a hacer las cosas mal, la Corte invalidó el proceso y la sanción para ell Bronco y Manuel González se ve cada vez más lejana.

Se los dije desde el principio: sí a la sanción, pero conforme a Derecho. Ahora prevalece la impunidad, gracias a la ignorancia y obstinación de Movimiento Ciudadano (y quienes les siguieron el juego).

Esperemos que ahora sí quieran hacer las cosas bien. Para violar la ley, no cuentan conmigo. Pero en mí cuentan con una aliada para la sanción del gobernador y secretario general, siempre y cuando se siga un proceso de acuerdo a Derecho y sin excedernos en las facultades que tenemos.

Sí a la sanción, pero conforme a Derecho.

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