Una investigación realizada por el diario El País y Univisión revela que en la segunda mitad de 2018, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, dos proveedores de la extinta Policía Federal desviaron cientos de millones de pesos de la corporación a una red de empresas fachada o sin actividad.

En el segundo semestre de 2018, última etapa de Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno de México, dos proveedores de la Policía Federal desviaron 40 millones de dólares (de ese entonces) del presupuesto de la corporación a una red de compañías en muchos casos inexistentes o sin actividad, de acuerdo con una investigación de El País y Univisión.

Compañías fachada firman contratos por 774 mdp 

Servicios Esrome y Comercializadora Dizoal “firmaron tres contratos por 774 millones de pesos para la adquisición de sistemas de monitoreo de redes sociales e intercepción de llamadas.

“Esrome y Dizoal debían usar el dinero para comprar los productos a firmas israelíes; sin embargo, enviaron casi todo, algo más de 768 millones de pesos, a otras empresas; éstas, a su vez, lo mandaron a otras compañías, la mayoría en México”, señala el reportaje La pirámide: así desviaron 40 millones de dólares del presupuesto de la Policía Federal en los últimos seis meses del Gobierno de Peña Nieto, firmado por el periodista Pablo Ferri.

“En octubre, El País informó de que Esrome y Dizoal eran en realidad empresas fachada; fueron creadas el mismo día ante el mismo notario del municipio de Chalco, en el Estado de México; las personas que aparecen en las actas de constitución de estas dos empresas son en realidad adultos mayores, vecinos de pueblos de clase baja del área metropolitana de Ciudad de México”, señala el diario español.

Los desvíos que se dan a conocer ahora provienen hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Contratos se firmaron en los últimos 6 meses de gobierno de EPN

“Los contratos se firmaron en el segundo semestre de 2018, durante los últimos seis meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Policía Federal estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por el político mexiquense Alfonso Navarrete; Renato Sales era el comisionado nacional de Seguridad y Manelich Castilla, el comisionado de la Policía Federal.

Castilla es el funcionario de mayor rango vinculado a los contratos con Esrome y Dizoal.

El comisionado avaló la entrega de fondos de la corporación a las divisiones que luego firmaron los contratos con los proveedores; el diario ha contactado a Castilla vía mensaje de texto, pero no ha contestado”, india el texto.

“Las sospechas sobre Esrome, Dizoal y la Policía Federal aumentan ahora, visto el recorrido de los fondos después de la firma de los contratos.

Transferencia de dinero

Los auditores señalan que Esrome y Dizoal transfirieron buena parte del dinero de los contratos, 571 millones del total de 774, a otras dos empresas, Servicios Profesionales Odell y Publicidad Global Soferxa”, agrega.

En 2019, cuando Peña Nieto ya había dejado su cargo, auditores se reunieron varias veces con representantes de Dizoal y Esrome; ahí se les cuestionó sobre los pagos irregulares y ambas empresas negaron los hechos.

No es el único desvío de recursos de la Policía Federal 

El reportaje señala que este no es el único desvío de recursos que se ha detectado en la Policía Federal.

“Este esquema de desvío detectado en la Policía Federal no es el único asociado a la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional durante los años de Peña Nieto; en julio, El País informó de un presunto desfalco de 7,8 millones de dólares cometido por funcionarios de la vieja Fiscalía en 2013 y 2014, cuando el titular era Jesús Murillo Karam.

El dinero salió de esa misma partida. Los Gastos de Seguridad Pública y Nacional son una de las partidas más oscuras del presupuesto.

En teoría, su uso está acotado a investigaciones delicadas; así se evitaría que policías, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas.

La ley prevé controles para esta partida, pero la Administración anterior aumentó su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los órganos fiscalizadores”, revela el País.