Nancy Guadalupe Sánchez, senadora de Morena, presentó una iniciativa para crear el Registro Nacional de Personas Deudoras Alimenticias Morosas (Renadem), en el cual estarían inscritas todas las personas deudoras de pensiones alimenticias y no podrían contraer matrimonio civil.
La iniciativa fue publicada el 13 de enero en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión. La senadora de Morena propone que el Registro de Personas Deudoras Alimenticias esté a cargo del Registro Civil, para ello, se contempla una reforma al Código Civil.
Personas en el Registro no podrán contraer matrimonio
En el Registro estarían inscritas las personas deudoras que hayan dejado de cumplir con sus pensiones alimenticias por un plazo mayor de 90 días. Los jueces en materia familiar tendrían que ordenar que se registre al deudor, cuando no paguen en tiempo y forma.
Además, cuando una pareja solicite el matrimonio, el Registro Civil deberá verificar que los interesados no estén inscritos en el Renadem. Si una persona está en el Registro de Deudores, no se podrá proceder con la solicitud de matrimonio, detalla la iniciativa de Morena.
“Se considera que frente a una persona que pone en riesgo la integridad de los hijos por no proporcionar alimentos, lo menos que debe hacer la autoridad es impedir que contraiga legalmente matrimonio”, expresó Nancy Guadalupe Sánchez, senadora de Morena.
La propuesta de Morena contempla que el Registro sea público para que lo jueces obliguen a los deudores a cumplir con las pensiones alimenticias. Si una persona está inscrita por más de 180 días en el padrón de deudores y solicita su constancia de no adeudo ante el Registro civil, podrá ser acreedora de una multa de hasta 9 mil pesos.
De acuerdo con la iniciativa de la senadora de Morena, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben ninguna pensión alimenticia. Las razones son que el padre o la madre invaden su responsabilidad.
«Con estas adiciones al Código Civil, estaremos creando un mecanismo eficiente de protección de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país que, mediante presiones de tipo civil, los que menos se vean afectados en un proceso de divorcio sean las hijas o los hijos menores de edad».
