Por Javier Treviño
@javier_trevino
Cuando desperté el lunes a las 5:30 de la mañana, el paisaje de Monterrey era inusualmente invernal. Amanecimos a 4 grados centígrados bajo cero. La noche anterior había caído agua nieve en prácticamente toda la zona metropolitana y los techos de las casas, los autos y las copas de los árboles estaban pintados de blanco.
Después de haber leído las primeras planas de los periódicos, las notas principales y columnas más sobresalientes, abrí la página de internet de la Presidencia para ver la conferencia mañanera de AMLO. Pero, a las 7:45, se fue la luz. Unos minutos después, la noticia estaba en todas partes. Yo tenía que haberme conectado a videoconferencias de trabajo y no pude hacerlo. Lo único que funcionaba –y mal– era mi teléfono celular. Hubo interrupciones del servicio eléctrico, una tras otra, durante todo el lunes y todo el martes.
Según la CFE, el apagón en el norte de México afectó a 5 millones de usuarios. Yo creo que fuimos muchos más los afectados. El Presidente dijo en su mañanera del martes que la razón fue que estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas y, con el mal tiempo y las nevadas, se afectaron los gasoductos. “Además, aumentó el precio de tres dólares a 200 dólares por unidad”. Curiosa la explicación de AMLO cuando dijo que “el negocio era la compra del gas porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras”. En fin…
El apagón se dio justo cuando se debate la iniciativa del Presidente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Vivimos el mundo al revés. Mientras que todos los países están en un punto de inflexión, mirando al futuro, a la innovación y a la reactivación económica, las empresas que operan en México tienen que dedicar su talento y recursos a litigar, a gestionar los conflictos en los juzgados y en la Suprema Corte de Justicia. Y ahora tendrán que ir a los paneles que prevén los tratados internacionales y a los arbitrajes de protección de inversiones.
Lo que poca gente sabe es que la CFE es una empresa rentable, pero mal operada. Por eso, no entiendo bien la necesidad de cambiar la ley. Los apagones en Monterrey pusieron en evidencia que la CFE es un generador de electricidad muy deficiente. De acuerdo con los resultados financieros de la CFE de 2019, las subsidiarias de generación tuvieron una pérdida de 10,879 millones de pesos.
Sin embargo, la misma empresa productiva del estado es muy eficiente, y hace muy buen negocio, para la transmisión y la distribución. Es un monopolio. Por ley, no compite con nadie en esto. Ganó 18,325 millones de pesos en sus actividades de transmisión y 13,690 en distribución. La participación de la CFE en el suministro básico es del 76% y ahí también ganó 32,706 millones de pesos en 2019.
No hay duda que el desarrollo de México depende de la industria eléctrica. El 75% del consumo de la electricidad se dedica a actividades económicas que requieren precios competitivos en la generación eléctrica. Sólo el 25% es consumo residencial.
Y como lo vimos con el apagón, el país requiere una red de transmisión más eficiente que reduzca las congestiones que cuestan más de 1,800 millones de dólares. Pero es necesario seguir invirtiendo en la red de distribución para poder atender el crecimiento de la demanda que, de 2012 a 2018, se incrementó en 18%.
La conclusión parecería obvia: debemos fortalecer a la CFE en las actividades en las que es rentable y las que tiene exclusividad por ley. México requiere competencia en generación. El sector privado ya ha invertido más de 44 mil millones de dólares. Ojalá que pudiera invertir más. ¿Para qué quieren limitarlos? Si hubiera sobre oferta pues que se baje el costo de la electricidad.
La evidencia empírica no nos deja mentir: de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía, en promedio durante 2020, el costo total de la energía producida por las plantas de la CFE fue 26 % superior al de la generación de los productores independientes de energía, y 252 % mayor al costo de generación obtenido en las subastas a largo plazo.
El sector privado sí contribuye con la idea del Presidente López Obrador de no incrementar los costos de los energéticos al abastecer energía barata al suministro básico de la CFE a través de los productores independientes de energía y las subastas.
Si los legisladores mexicanos se ciegan ante la evidencia y aprueban las reformas propuestas a la LIE, el próximo 23 de febrero, cambiarán la forma de operar de la CFE. El resultado será un incremento en el costo de abastecimiento del suministro básico por casi 16 mil millones de dólares en los próximos 5 años. El incremento en el costo del suministro básico sería del 17%. No se reducirá el costo de las tarifas. Tendrán que ser subsidiadas con recursos públicos. Además, se utilizarían más combustibles sucios, combustóleo, diésel, carbón, y no se reducirá la contaminación. En pocas palabras, la reforma a la LIE, que pretende beneficiar a la CFE, perjudicaría a los mexicanos.
Las nuevas tecnologías renovables son las más baratas
Cuando escuchamos a los políticos de la 4T en el Congreso, siempre utilizan una gran cantidad de mitos. Por ejemplo, dicen que las energías renovables son caras y ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico. Nada más lejano de la realidad. Las nuevas tecnologías renovables son las más baratas, como lo demuestran las subastas. En la mayoría de los países la penetración de renovables es más alta que en México y no tienen ningún problema de confiabilidad. La tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años y permite asegurar la confiabilidad del sistema, aún con altos porcentajes de renovables intermitentes.
Desafortunadamente, en lugar de que las empresas se dediquen a la innovación y a la competitividad, tienen que contratar abogados y enfocarse en los litigios. La iniciativa de AMLO viola la Constitución en sus artículos 1, 25, 28 sobre libre concurrencia, prohibición de monopolios o prácticas de acaparamiento e igualdad. También viola los artículos 25, 27 y 28 en cuanto a la estructura, funcionamiento y operación de la industria eléctrica. Además, viola el artículo 4 en lo que toca al derecho fundamental al medio ambiente sano y a la protección a la salud. Y viola los artículos 14 y 16 en lo concerniente al derecho fundamental de propiedad, de inversiones y contratos, la no retroactividad y los principios de legalidad y seguridad jurídica.
La iniciativa contraviene los tratados que obligan a México, como el TMEC (con Estados Unidos y Canadá), el TIPAT (con los países de Asia-Pacífico) en las áreas de servicios e inversiones. Pone en riesgo también la ratificación del TLCUEM (con la Unión Europea) que fue renegociado, por su capítulo de inversión. La iniciativa es contraria a todos los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que México ha firmado. Además, viola el Acuerdo de París porque dificultará que se cumplan los objetivos de reducción de emisiones.
¿Cuáles serán las consecuencias? Largos juicios, paneles, arbitrajes, indemnizaciones, suspensión de beneficios, daño a otras industrias. Las pérdidas económicas para el país pueden ser enormes. Viviremos una crisis constitucional y está en las manos de los Diputados evitarla.
Tienen la posibilidad de actuar con responsabilidad. Todos queremos leer en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados que lograron una reforma que beneficiará tanto a los mexicanos como a la CFE y que se va a sostener a la hora de impugnarse.
¿O prefieren que México retroceda décadas por un capricho?
Los mexicanos no nos lo merecemos.
