Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados impulsó un punto de acuerdo para que el Consejo de la Judicatura Federal amoneste, aperciba y multe con hasta 25 mil 506 pesos a los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal que atacaron la fama pública del juez Juan Pablo Gómez Fierro, el cual otorgó suspensiones provisionales a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
En el punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, los legisladores de Movimiento Ciudadano pidieron además sanciones para los funcionarios federales que “faltaron al respeto” a Gómez Fierro.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Gabriela Medina Ortiz, explicó que el artículo 68 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación establece que el Consejo de la Judicatura Federal debe velar por la autonomía de sus órganos y la independencia e imparcialidad de sus integrantes.
También la legisladora de Movimiento Ciudadano expuso que en la fracción XXVIII de artículo 81, se establece que el Consejo de la Judicatura Federal podrá multar con 180 días del salario mínimo vigente del Distrito Federal a quien comenta faltas al respeto a miembros del Poder Judicial.
«(El Consejo de la Judicatura Federal puede) apercibir, amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta días del importe del salario mínimo general vigente del Distrito Federal al día de cometerse la falta a aquellas personas que falten el respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial de la Federación en las promociones que hagan ante el Consejo de la Judicatura Federal.»
Artículo81, fracción XXVIII
Presidente desacreditó al juez
La diputada de Movimiento Ciudadano Adriana Gabriela Medina Ortiz sugirió que López Obrador desacreditó al juez, ya que enunció que el 11 de marzo el juzgador concedió la suspensión a las reformar a la Ley de la Industria Eléctrica, y un día después el Presidente sugirió que este no actuó conforme a la ley.
Además, recordó la legisladora de Movimiento Ciudadano, el 14 de marzo el Presidente anunció que iniciaría un proceso ante el Consejo de la Judicatura Federal para revisar el asunto, “insinuando y profiriendo adjetivos denotativos sobre la honorabilidad del juez”.
«Dichos señalamientos no sólo expresaron la inconformidad de ambos servidores públicos del Ejecutivo Federal en torno a la resolución provisional de un juez federal, sino que externaron desde el Poder que les da su cargo, diversos conceptos contra dicho juzgador que en el más elemental análisis de relaciones de poder constituyen la posibilidad de amedrentar la actuación del juzgador y de futuras resoluciones que sus pares pudiesen realizar en el mismo sentido.»
Adriana Gabriela Medina Ortiz. Diputada de Movimiento Ciudadano
Fotografía: Cámara de Diputados
