El Pleno de la Comisión de Transparencia sancionó a los alcaldes de Abasolo, El Carmen, Mina y Salinas Victoria, por un monto total de 182 mil 859 pesos, algunos acumularon hasta 5 y 7 expedientes. El Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, explicó que, en el caso de la alcaldesa de Abasolo, Karina Lissette Villarreal Ramírez, se le sancionó en siete diferentes expedientes por no dar respuesta en los plazos que señala la ley y se le aplicó a cada uno una multa de 13 mil 032 pesos

Explicó que la información solicitada iba desde manifestaciones de apoyos, en directo o en especia emitidas durante el 2019 y 2020, sobre los lineamientos vigentes para celebrar convenios para adquisición o arrendamiento de servicios, de uso constante, frecuente o intensivo en base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

“En otros casos se le solicitó información sobre la relación analítica mensual, del mes de septiembre del 2019, de pagos hechos a contratistas, proveedores representaciones y asesorías como lo marca la ley de transparencia estatal o los manuales de contabilidad del 2020 como lo señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental.”

Otra solicitud fue sobre los lineamientos para la elaboración del informe anual referente a la unidad centralizada de compras del municipio.

En el caso del alcalde de Mina, Dámaso Avelino Cárdenas Gutiérrez, se le sancionó con 13 mil 32 pesos, por no cumplir con una obligación que se le dictó en una resolución por el Pleno.

Al presidente municipal de Salinas Victoria, Gonzalo Elizondo Lira, se le multó en cinco ocasiones por 13 mil 32 pesos, un total de 65 mil 160 pesos, también por incumplir con el mismo número de resoluciones que le impuso la COTAI.

El Edil de Mina, Gerardo Alfonso de la Maza, se le multó con 13 mil 443 pesos, al incumplir con una obligación que le emitió el Pleno de la Comisión.

Mientras que, al alcalde de Higueras, Jesús Manuel Ramírez González, se le aplicó una amonestación pública por incumplir con una obligación que el Pleno de COTAI le impuso en una resolución.