La reforma a la ley de la industria eléctrica es uno de los temas que mayores cuestionamientos han levantado con respecto a la gestión gubernamental de la presente administración. La aprobación por parte de diputados y senadores de esta reforma normativa, sin cambiar “una sola coma”, desencadenó serios cuestionamientos del porqué ni siquiera escuchar a los expertos en el tema por la vía del parlamento abierto.
La percepción de parte de la ciudadanía es de una fuerte intransigencia de Morena en no discutir la ley, la cual da prioridad a la generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles de propiedad federal, en lugar de buscar el uso de energías renovables. Eso además de contrastar con los planes de nuestro mayor socio comercial en el sentido de usar energías limpias exclusivamente para el 2050.
Una vez aprobada la iniciativa tal como fue mandada desde las oficinas de Palacio Nacional/de la CFE, diferentes empresas se ampararon y jueces federales, conforme a derecho, concedieron primero la suspensión temporal y más tarde definitiva a la entrada en vigor de la reforma.
AMLOVEmetrics sobre Ley de la Industria Eléctrica
En un principio, López Obrador cuestionó a los jueces en razón de sus resoluciones, para después atacar a algunas de las empresas que interpusieron un amparo. Su argumentación en contra de estas es que reciben grandes subsidios en energía eléctrica y que no pagan sus adeudos. Esto fue rechazado por algunos de los conglomerados aludidos, mostrando tanto información de lo que pagan como las razones detrás de lo que ahorran. Y se supo que no se trataba de subsidios, sino del resultado de las inversiones que han hecho estas para obtener electricidad producto de energías limpias. Es decir, que dichas empresas cuentan con lo que se conoce como ‘tarifas de autoabasto’.
En estos momentos, para que la nueva ley prosperara, se requeriría modificar la Constitución.
Debido a lo anterior, las empresas SRS y OPMI, a través de AMLOVEmetrics, se dieron a la tarea de formularle a una muestra representativa de los mexicanos la siguiente pregunta:
“En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentre que Ley de la Industria Eléctrica impulsada por AMLO viola la Constitución, el presidente López Obrador ya dijo que, entonces, cambiaría la Constitución misma. ¿Debe insistir en cambiar la Constitución?”
AMLOVEmetrics
El 31.4% de los entrevistados considera que ya no debe de continuar insistiendo, mientras el 31.3% opta porque se debería modificar la Constitución; sin duda un empate absoluto en las apreciaciones por parte de la gente. El tercio restante, 37.4%, no conoce del tema o no tiene una posición al respecto.
AMLOVEmetrics/ SDPnoticias
Este asunto es de los pocos en los que López Obrador no cuenta con el apoyo poblacional mayoritario. De hecho, es probable que el presidente haya medido ya este hecho (el nivel de apoyo del aparato judicial y de la población mexicana) y sabe hasta dónde puede contar con su aprobación. Y quizá, al ver que la ley en comento no pasaría, es que ahora sugiere que las empresas reciben subsidios inmorales en un intento por re dirigir el sentir ciudadano.
Hoy por hoy, los encuestados dan una clara idea que reformar la Constitución para darle viabilidad a un nuevo esquema normativo para la industria eléctrica no es una medida ampliamente aceptada.
Metodología:
Se levantaron mil encuestas telefónicas a nivel nacional, el 22 de marzo, mediante el método de robot. Se envió la pregunta vía un mensaje pregrabado que contestaron los entrevistados —hombres y mujeres con teléfono en sus hogares— marcando opciones de respuesta en el teclado. La muestra de respondentes fue probabilística con representatividad nacional. El estudio tiene un margen estadístico de error de +-3.1%.
AMLOVEmetrics informa que “continuará inquiriendo, como lo viene haciendo desde el día posterior a las elecciones presidenciales de 2018, sobre diversas cuestiones del acontecer nacional que sean de interés para la ciudadanía mexicana”.
Fotografía: SDPnoticias
