La violencia familiar continúa siendo uno de los principales problemas para Nuevo León durante esta pandemia. Según datos de la Fiscalía General del Estado en el 2021, la violencia familiar aumentó en un 45 por ciento en comparación con el año pasado.
Lo más grave de acuerdo con las autoridades, se presenta en el tema relacionado con el abuso sexual, ya que en el 2021 las denuncias se dispararon en un 85 por ciento más;
«En los delitos que conoce la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en Contra de las Mujeres, vemos un aumento en los casos de violencia familiar y su equiparable, que son dos de los delitos de más alta incidencia en el Estado», explicó la Fiscalía.
La Fiscalía atribuye este aumento a que debido a la pandemia hay mejor interacción y se puede denunciar con mayor libertad, lo cual trae consigo un alza en la denuncia en el tiempo de pandemia.
Durante el año 2020 en el estado de Nuevo León se realizaron 105 mil 728 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. Es decir que el año pasado, en promedio en sus 366 días, se registraron en la entidad 288.87 solicitudes de auxilio por día, una media de 12.03 por cada hora del año 2020, lo que equivale a que en el estado se realizó una llamada de emergencia cada 5 minutos.
Nuevo León lideró a nivel nacional las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, y las de violación, fue segundo en las de violencia familiar, cuarto en las de violencia de pareja y cuarto en las de acoso u hostigamiento sexual.
«Las conductas criminales han mantenido una similar actuación con respecto al tiempo que la población tenía mayor libertad social, es decir, se ha recuperado la incidencia criminal que se tenía cuando no existía la contingencia sanitaria», asegura la Fiscalía en su comunicado.
El año pasado, la Fiscalía General de Nuevo León recibió 17 mil 940 denuncias por el delito de violencia familiar. Es el delito más denunciado en Nuevo León, lo que evidencia que la violencia no está sólo en las calles, sino en casa, donde una persona debiera sentirse segura.
A pesar de estas denuncias formalizadas, sólo el 15% fueron vinculadas a proceso, y 300 carpetas de investigación concluyeron con una sentencia condenatoria, apenas 1.6% de los casos denunciados en el año.
Al comparar febrero y marzo de 2021, el abuso sexual tuvo un aumento de 85 por ciento, al pasar de 94 a 174 casos; mientras que el delito de violación presentó un alza de 38 por ciento, al registrar 60 casos en febrero y 83 en marzo.
El delito equiparable a la violación se incrementó 68 por ciento, de 28 casos a 47; y la violencia familiar creció en 45 por ciento, al pasar de mil 257 a mil 821 casos reportados.
Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Publica, dijo que en la actualidad se tiene un fenómeno social ahora que la gente se encuentra en sus domicilios a causa de la pandemia, por lo que la mujer es quien mayormente está sufriendo de esta clase de delitos: «Hay un fenómeno social delictivo en contra de la mujer, lamentablemente el alza en la violencia familiar es muy atribuible en parte a la pandemia«.
Añadió que falta legislar en el tema del maltrato en contra de la mujer, el cual se debe de atacar para ser preventivos en vez de reactivos: «Creo que es un problema que tiene que ver con legislación, con concepción de los elementos del delito, y es un problema que tiene que ver con prevención esencialmente, es un problema social que debemos atacar con los programas que el gobierno tiene para eso».
Situación preocupante
El fuerte incremento en la violencia impactó en el Congreso del Estado, en donde los diputados comenzaron a realizar cambios a las leyes, con el objetivo de detener esta problemática. Los legisladores aprobaron reformas al Código Penal local para que las muertes violentas de mujeres sean investigadas como presuntos feminicidios.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional, Gerardo Govea Moctezuma, afirmó que la intención de las iniciativas es que Nuevo León «sea ejemplo a nivel nacional» en cuanto al fortalecimiento de los marcos normativos para buscar erradicar la violencia feminicida.
«Actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado ya investiga todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, pero la intención de la reforma es que sea por obligación legal», dijo el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, coordinador de la bancada del PRI
«Toda privación de la vida de una mujer será investigada como feminicidio y, sólo si el Ministerio Público no infiere la existencia de alguna de las razones de género antes dichas, se continuará la investigación con las reglas del delito de feminicidios», agregó el diputado Jorge de León.
Los legisladores locales aprobaron un exhorto para que la Cámara de Diputados haga una reforma al párrafo cuarto del artículo 325 del Código Penal federal, con el fin de que se aplique a nivel nacional.
Según el Instituto Nacional de las Mujeres, Nuevo León es el tercer estado con mayor número de presuntas víctimas de feminicidios.
Instituto Estatal de la Mujer
Para hacer frente a este grave problema, el Instituto Estatal de la mujer creó La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para buscar la seguridad de mujeres y niñas a partir del cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades que vulneren sus derechos.
Aquí se llevan a cabo un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. En este mecanismo trabajan de manera coordinada el gobierno Federal, Estatal y los municipales, además del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Las medidas para combatir y disminuir el maltrato hacia las mujeres y niñas y evitar el feminicidio se realizan en todo el estado, pero los cinco municipios prioritarios donde se dictó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres son Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.
A pesar de los trabajos que se han venido realizando, para las autoridades aún falta trabajar en diseñar y ejecutar estrategias para la recuperación de espacios públicos; en el crecimiento y fortalecimiento de las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública.
También es necesario establecer programas de capacitación, sensibilización y formación en materia de derechos humanos de las mujeres; diseñar estrategias específicas de localización e identificación de restos humanos, entre otras.
La prevención y atención para alcanzar el objetivo de una vida libre de violencia para mujeres y niñas es una tarea permanente, por lo que se continúan implementando acciones para seguir sumando esfuerzos.
