Por Eloy Garza González
Hasta los años 90, la medición de la pobreza de un país fue muy simple: SE CONTABA EL NÚMERO DE BIENES QUE TENÍA UNA FAMILIA, se sumaban las de toda la población y se sacaba una media.
Los programas sociales del gobierno se creaban con fines utilitarios: si pocas familias tenían bicicleta, el Estado tenía que suministrar bicicletas. Después de los 90, el enfoque cambió. No era claro que una familia se beneficiara de una bicicleta, si ninguno de sus miembros sabía manejarla. O peor aún: si el padre de familia usaba la bicicleta para irse a la cantina a emborrachar.
La erradicación de la pobreza ya no apuntó sólo a mejorar el ingreso de los millones de pobres, o en pobreza extrema, sino a mejorar el desarrollo humano, de cada persona, de cada miembro de la familia y buscar su bienestar. El enfoque ahora era mejorar las capacidades individuales y sus funcionalidades.
Déjenme explicarles a mis lectores. Sigamos con el ejemplo de la bicicleta: no basta con que un mexicano sea dueño de una bicicleta, debe tener la suficiente destreza para usarla y luego desplazarse con ella. A lo primero se le llama capacidad, a lo segundo, funcionalidad.
El Índice de Desarrollo Humano por país, mide no las bicicletas, sino la capacidad de usarlas; mide no sólo cuántos mexicanos tienen casa, sino cuántas de esas casas son espacios de bienestar; es decir, el IDH mide otras cosas más allá de lo material: la esperanza de vida, la educación que se recibe, incluso los deseos personales y los valores de convivencia social.
Bienes no materiales, combinación de posibilidades que forman la libertad individual más allá del ingreso per cápita. De nada sirve, por ejemplo, cubrir de aulas educativas el territorio nacional si ahora casi todas esas aulas están en pésimas condiciones por culpa de la pandemia.
Cuando las personas no tuvieron oportunidad de recibir una educación mínima, a fin de no exponerse no buscarán un empleo bien remunerado, no buscarán desempeñarse en una profesión y preferirán empleos informales, mal pagado o entrarán abiertamente en la delincuencia. Esto es, sus preferencias estarán muy limitadas.
Cuando a un adolescente se le juzga públicamente por no haber ido a la escuela y delinquir, habría que pensar en la falta de oportunidades para vivir una vida larga, digna y potenciar sus capacidades, evitando un final lamentable. En otras palabras, este joven no pudo rebasar la brecha de pobreza y eso le restó libertad de elegir entre alternativas. Fue más víctima que culpable. Por eso la idea del ingreso básico universal es muy buena para aplicarla en México. Y si no, al menos en Nuevo León.
