Un monto por 229 millones 479 mil 248 pesos es lo que el Tribunal Superior de Justicia requiere de más para hacer frente a la reforma laboral, contar con módulos judiciales, centros de convivencia familiar y concretar un convenio de capacitación con la UANL.

Al comparecer ante los legisladores del Congreso Local, Arturo Salinas Garza, presidente del TSJ, aseveró que si les negaran el dinero que se les recortó, se corría el riesgo de aumentar los tiempos de respuesta en materia laboral y de registrar rezago.

«La iniciativa del Ejecutivo prácticamente nos otorgó un gasto con el que estamos abajo en poco más de 229 millones; se requieren 150 para la reforma laboral, 10 millones para la parte de capacitación, 40 millones para los centros de convivencia y otra parte para los módulos judiciales».

«Para contar con modos judiciales, pues hay 34 municipios que no tienen un juzgado; la parte de contar con centros de convivencia, llevarlos a más municipios, y a un tema de capacitación en materia de la reforma laboral».

Como se recordará, el TSJ planteó un presupuesto para el 2022 de 2 mil 628 millones 479 mil 248 pesos, y el Estado la redujo a 2 mil 399 millones.

Nancy Olguín, del PAN, cuestionó al titular del Poder Judicial para que detalle si habría un impacto presupuestal basándose en la Ley de Disciplina Financiera, a lo que Salinas refutó que no.

Ivonne Álvarez, presidenta del Congreso local; Eduardo Gaona, líder de MC; Heriberto Treviño, coordinador del PRI; Myrna Grimaldo, diputada del PAN felicitaron a Salinas por operar en medio de la pandemia, al tiempo que dejaron entrever que le aprobarán el incremento solicitado.

«Vi a los Diputados en una actitud muy receptiva de las necesidades que se tienen y que están enfocadas a cumplir con la reforma laboral que es exigencia y obligación constitucional que tiene que estar en funcionamiento el 2 de mayo», dijo.