La medida de exonerar a ciertas empresas rompe el principio de equidad tributaria, apuntó el fiscalista Bernardo Elizondo
La resolución comunicada por el gobierno de Nuevo León de ofrecer “facilidades administrativas” que libera del pago del impuesto verde a las pedreras es inconstitucional, debido a la falta de equidad jurídica tributaria; explicó el abogado fiscalista Bernardo Elizondo, socio del despacho Adame-Elizondo, para MILENIO.
Tal resolución establece la exención o reducción del pago del impuesto verde que se aprobó en diciembre de 2021 para castigar a las empresas contaminantes. Las “facilidades administrativas” extentarían a las empresas que cuenten con toda la cadena de suministro o auto abasto, es decir, que empresas grandes como Cemex y Vitro, entre otras, no pagarían el impuesto.
“Favorecieron a los más grandes con esta medida y los chicos se quedaron viendo y exclamando: ¿Y mi igualdad tributaria? Esta resolución solo beneficiará a unos y a los otros se les exigirá. Se entiende la molestia que hay en la industria de la construcción, porque el impuesto es alto y eso ya está detonando una escalada importante en los precios de los materiales de la construcción”.
Bernardo Elizondo dijo que esta exención crea una desigualdad en la ley, ya que se deja fuera a las empresas pequeñas que no estén en la categoría de auto abasto; eso asienta una desigualdad tributaria, enfatizó el fiscalista.
Elizondo sostuvo que el gobierno de Samuel García Sepúlveda busca “parar la espiral inflacionaria que se ha desatado con más incrementos en los precios de los materiales para la construcción”, que sin embargo impactarán en el costo de la vivienda.
El impuesto verde afectará indirectamente a la industria de la construcción de vivienda y edificios, porque ya se resienten las alzas de precios en los materiales para la construcción en alrededor de un 30 o 40 por ciento en las primeras semanas de enero, y se sumará otro 30 por ciento en las siguientes; informó MILENIO.
Frente a esta situación, se pidió la opinión de la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que respondió que que por pronto no daría su postura sobre este tema. Del mismo modo, se consultó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), a lo que respondieron que revisarían el tema.
