Aunque Eduardo Garza, director de Investigación del órgano fiscalizador, dijo no tener muchos datos, pero señaló que en cualquier momento pueden desarrollar la averiguación
Tras evidenciarse que la empresa Kia recibió incentivos durante la administración del ex gobernador Jaime Rodríguez, la Auditoría Superior del Estado no descartó hacer una investigación contra quien resulte responsable por estos beneficios entregados en 2020; publicó MILENIO.
Aunque Eduardo Garza, director de Investigación del órgano fiscalizador, dijo no tener muchos datos del tema, señaló que en cualquier momento pueden desarrollar la averiguación.
«No tengo información al respecto porque no son asuntos que hayan puesto a mi vista, pero contando con ellos, van a desarrollarse, y si hay algo que investigar o revisar, se tendrá que hacer».
Los beneficios de los que se habla, obedecen al Impuesto Sobre Nómina, Predial, Derecho y otros más, de lo que no existe fundamento por parte del estado; informó MILENIO.
Por otra parte, los manejos oscuros de la pasada administración también le hicieron ruido a la institución que este lunes denunció anomalías por obras de pavimentación al interior de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, correspondientes a la cuenta pública 2017.
El funcionario presentó los documentos en la Fiscalía Anticorrupción y señaló que existe una diferencia importante entre el gasto y lo efectuado en la obra que se realizó en el municipio de Anáhuac, cuyo monto es de 1 millón 100 mil pesos.
«Esto puede derivar en una cuestión penal o administrativa. Esta obra fue una habilitación de circulación interior en la estación cuartenaria de dicho municipio. Mediante el laboratorio se detectó que la calidad del material no era equivalente al volumen de espesores utilizado», advirtió.
Respecto al rezago de expedientes, justificó que la pandemia ha sido el motivo de retraso para la verificación de archivos que tan solo del año 2020 suman más de 400; de acuerdo con MILENIO.
«Ustedes saben que por ejemplo, la cuenta pública de 2017 se revisa en 2018, y aunque hemos tenido mucho trabajo, la pandemia y el poco personal que tenemos no lo han permitido. Aunque para la preinscripción de los asuntos son 7 años, no significa que nos vayamos a retrasar, estamos trabajando», concluyó el funcionario de la Auditoría Superior del Estado.
