El vocero de los familiares de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 urgió a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes para aclarar las acusaciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reeditó la criminalización a los normalistas de Ayotzinapa, que hicieron en su momento su antecesor Enrique Peña Nieto y el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, acusó Vidulfo Rosales, vocero de los familiares de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014; publicó MILENIO.
Esto en respuesta a los señalamientos del mandatario en torno a que hay infiltrados de la delincuencia organizada en la dirigencia de las movilizaciones de los normalistas de Ayotzinapa, aunque esto “a lo mejor ni ellos lo saben”
Vidulfo Rosales calificó dichos comentarios como desafortunados, púes “se reeditan los señalamientos hechos por gobiernos anteriores, concretamente en el periodo de Enrique Peña Nieto, Murillo Karam, hicieron ellos esos señalamientos, esgrimieron esas teorías, nunca se probó nada al respecto, y lo único que se ha generado pues es un clima de criminalización hacia la Normal Rural de Ayotzinapa.
Luego, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes haría una investigación exhaustiva, de la cual no se logra ver estos elementos de la teoría de la infiltración, creo que la CNDH también en su recomendación, intentó esgrimir algo parecido, no tiene sustento”, aseguró.
En entrevista para MILENIO, el abogado afirmó que no hay infiltración de personas dedicadas a actividades ilícitas entre los jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, como lo aseguró este lunes el mandatario en su mañanera, y urgió a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes, para aclarar las acusaciones.
“Yo no veo infiltración alguna, llevo 12 años acompañando a las normales en distintas generaciones, distintas problemáticas, y yo nunca he visto que haya una infiltración. Que puede haber un estudiante, dos, tres, cuatro o cinco que consuman droga, pues también, eso también es objetivo, pero un vínculo orgánico con la delincuencia, una infiltración como dicen, pues no la hay.
Por lo menos no se sabe o no se logra apreciar, sería cuestión ahí de que se haga una investigación más exhaustiva, estamos hablando de 600 o 500 estudiantes, pero no hay una acción digamos orgánica, un vínculo orgánico, una infiltración tal cual, pues no existe”, expuso.
El litigante aseguró que, en contraste, hay por lo menos tres casos comprobados de infiltración de policías y militares, entre los jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa.
“Lo que yo sí te puedo decir es que se vislumbra una infiltración de agentes de gobierno, hay una infiltración de cuerpos de policía, de cuerpos militares, eso sí se ve, eso sí está visto, eso sí está corroborado, pero de la delincuencia organizada o grupos delictivos no, eso no”, afirmó.
El caso más evidente, es el de José López Patoltzin, quien forma parte de la lista de estudiantes desaparecidos desde los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014; publicó MILENIO.
Rosales dijo que las palabras del mandatario provocan más fricciones entre los familiares de los estudiantes desaparecidos y el ejecutivo federal, y añadió que la intención del gobierno de México es fragmentar el movimiento.
“De alguna manera yo creo que causa más fricción en la relación que se tiene, el diálogo, porque de parte de los padres de familia, pues hay un diálogo, el problema también fíjate, que lo que ha pasado, es tratar de fragmentar, el gobierno lo que ha hecho es fragmentar, los estudiantes y los padres de familia, eso también es grave.
De pronto dice (el Presidente), bueno los estudiantes es una cosa, es una organización política diversa y los padres de familia es por separado, entonces trata de dividirlos, pero no, hay una unidad indisoluble en términos de lucha, hay un sentimiento mutuo entre alumnos y estudiantes”, advirtió.
Por separado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, afirmó que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre infiltraciones de grupos del crimen organizado en las movilizaciones de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos son parte del “linchamiento mediático contra la lucha de los normalistas, ya que desde hace tiempo el gobierno los considera como “foco de guerrilleros”; comunicó MILENIO.
Consultado por MILENIO, Tlachinollan detalló en un posicionamiento que los infiltrados a los que se refiere el Presidente en todo caso son el Ejército, así como grupos políticos y económicos que históricamente “han querido dañar la imagen y dividir a los estudiantes”.
“Lejos de criminalizar a los estudiantes, las autoridades deben investigar a esos grupos que se infiltran, incluido el ejército”, indicó el centro de derechos humanos.
Tlachinollan pidió a las autoridades generar puentes de diálogo para distender el conflicto y que no ocurran hechos lamentables como pasó con los estudiantes desaparecidos, pues consideran que los últimos acontecimientos dan muestra de que “no hay diferencia con gobiernos anteriores”.
Se deben investigar actos delictivos de normalistas: ex fiscal de Guerrero
En tanto, el ex fiscal general de justicia del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, destacó que las declaraciones el titular del Ejecutivo son uno de los “cabos sueltos” que se tienen que investigar a fondo para establecer de manera fehaciente e indubitable que fue lo que ocurrió la noche de Iguala.
El ex fiscal también recordó que la entonces Procuraduría General de la República, (actualmente Fiscalía) había documentado vínculos entre los colectivos estudiantiles de Ayotzinapa y la delincuencia organizada o los denominados “grupos subversivos”, previo a la desaparición de los 43 normalistas; informó MILENIO.
Además de la Recomendación 15VG/2018 del caso Iguala, el ex funcionario mencionó que también existen otros documentos derivados de tareas de investigación ministerial y de tareas de inteligencia que en su momento integró el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que hacen referencia a estos nexos.
Respecto a la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de no reprimir el derecho a manifestarse de los normalistas, Blanco puntualizó que el enfrentamiento entre estudiantes y elementos de la Guardia Nacional y policía estatal no es un hecho aislado, sino que son conductas constitutivas de delito, por las que debieron haberse iniciado indagatorias correspondientes para fincar responsabilidades.
“La CNDH está haciendo un planteamiento un tanto equivocado cuando dice que no se debe reprimir el derecho a manifestarse, el derecho a la libertad de expresión debemos tener presente que lo que ocurrió hace algunos días no es un hecho aislado, la toma de casetas es un delito que los ataques a las vías generales de comunicación también lo son pero que además hay un sinfín de antecedentes, todas esas conductas son constitutivas de delito y entiendo que debieron o debieran haberse iniciado las indagatorias correspondientes y fincar también las responsabilidades”, advirtió.
