El Hospital Clínica Nova y las pedreras Unidad Trituradora de Allende, San Ángel y Calizas de Calidad iniciaron un juicio de amparo por considerar que se les violan sus derechos con dicho cobro

La creación de los llamados impuestos verdes en la entidad ya llegó al ámbito judicial. El Hospital Clínica Nova, administrado por la siderúrgica Ternium, y tres pedreras iniciaron un juicio de amparo contra los nuevos gravámenes, al considerar que son violatorios de sus derechos constitucionales; indicó MILENIO.

Documentos en poder de la plataforma MILENIO-Multimedios revelan que las empresas Servicios Integrales Nova de Monterrey, SA de CV (comercialmente conocida como Hospital Clínica Nova); Unidad Trituradora de Allende, SAPedrera San Ángel de Monterrey, SA; y Calizas de Calidad, SA de CV, iniciaron el juicio de amparo número 278/2022.

Este recurso, mediante el cual las cuatro empresas buscan la protección de la justicia federal, considera al Congreso de Nuevo León como la autoridad responsable de haber creado un ordenamiento legal que viola las garantías constitucionales de las firmas.

En el caso del Hospital Clínica Nova, la solicitud de amparo reclama la aprobación por parte del Legislativo de los artículos 136 a 137 Bis 5, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en los cuales se crea el Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Subsuelo y/o Suelo.

“La quejosa desempeña actividades diarias por las que genera residuos peligrosos, residuos no peligrosos y residuos biológico infecciosos, los cuales son dispuestos a través de mecanismos de manejo integral”, señalan los documentos a los que tuvo acceso la plataforma MILENIO-Multimedios, al referirse a los servicios prestados por Clínica Nova.

En cuanto a la impugnación presentada por esta institución administrada por la siderúrgica Ternium, se señala que la quejosa considera que los nuevos impuestos “son confusos y generan incertidumbre, además de que corresponden a la jurisdicción federal”.

En el caso de las pedreras, el acto reclamado y por el cual se solicita el amparo es “la discusión, aprobación y expedición del Decreto 036, mediante el cual se expide la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León”.

En su argumentación, el representante legal de las extractoras impugna los artículos 118 a 129 de dicho ordenamiento, mediante los cuales se crea el Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos.

El recurso legal

De acuerdo con la Ley de Amparo, este recurso protege a las personas (tanto físicas como morales) frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares “que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”; señaló MILENIO.

El Artículo 5 del este ordenamiento federal establece que “el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades”.

Tal es el caso del juicio de amparo número 278/2022, que agrupa a Servicios Integrales Nova de Monterrey, SA de CV; Unidad Trituradora de Allende, SA; Pedrera San Ángel de Monterrey, SA; y Calizas de Calidad, SA de CV.

Las empresas

Servicios Integrales Nova de Monterrey, SA de CV, mejor conocida como Hospital Clínica Nova, es una institución de salud administrada por la siderúrgica Ternium.

De acuerdo con información de la propia institución, Nova es una “entidad médica de Ternium México, en Monterrey; abrió sus puertas en 1977 con el objetivo de contribuir al óptimo estado de salud de sus pacientes, con calidad y sensibilidad humana”.

La misma información establece que “a través de Hospital Clínica Nova se otorgan servicios médicos de alta calidad, eficaces y humanitarios con un modelo de atención médica integral para los trabajadores y sus familias”, especialmente de Ternium, empresas de Grupo Alfa y externos; informó MILENIO.

En tanto, documentos del Congreso estatal señalan que Unidad Trituradora de Allende SA, Pedrera San Ángel de Monterrey, SA, y Calizas de Calidad, SA de CV, cuentan con el mismo apoderado legal.

Pedrera San Ángel se encuentra en el kilómetro 6.5 del Libramiento Noroeste, en Santa Catarina.

Por su parte, Calizas de Calidad SA de CV se encuentra en el kilómetro 235.5 de la carretera Nacional, en Santiago.

Los impuestos impugnados

El pasado 23 de diciembre el Congreso del Estado aprobó la creación de los llamados impuestos verdes al dar luz verde al Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos, el Impuesto por la Emisión de Contaminantes a la Atmósfera, el Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua, y el Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Subsuelo y/o Suelo.

En el juicio de amparo número 278/2022 se impugnan solamente el primero y el último de estos nuevos gravámenes, mismos que entraron en vigor el 1 de enero de este año. El pasado 17 de febrero se venció el primer plazo para reportar el cobro a la Tesorería estatal.

Cinco días después de este vencimiento, el gobernador Samuel García acusó a las pedreras de robarse el impuesto verde, al cobrarlo a sus clientes y no entregarlo a las arcas estatales; destacó MILENIO.

“La sorpresa son las pedreras que sí le cobraron al viviendero (sic) el impuesto y se lo robaron. Ahí sí hay una sorpresa”, expresó.

El 20 de febrero, García señaló que 79 por ciento de las empresas catalogadas como contaminantes no habían cubierto el pago de estas obligaciones fiscales.

Agregó que solo 131 contribuyentes de 624 cumplieron con el gravamen, recaudando 40 millones de pesos; informó MILENIO.

Imágenes: Leonel Rocha y Raúl Palacios | MILENIO