Por Carlos Chavarría

Hoy que nuestro Presidente anda de gira por los países de América Central, bien haríamos en preguntarnos qué tanto ha funcionado el programa “Sembrando Vida” que nuestro país financió, con la intención de atacar los problemas de migración y violencia por aquellos rumbos.

Quizás la pandemia mas antigua sin vencer que enfrenta la humanidad sea la violencia en todas sus formas, pero sin lugar a dudas la más lacerante y costosa sea la delincuencial, que atenta contra la vida, y uno de los atributos más importantes que debe otorgar la vida en sociedad, la tranquilidad, que proviene de lo mas íntimo de nuestro ser.

El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele acaba de iniciar una lucha frontal [https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61267322] contra las pandillas en ese país, que son una real amenaza para la subsistencia el tejido social y el régimen de paz en toda América.

La Mara Salvatrucha y el Barrio 18, son engendros de lo peor del autoritarismo [https://consejoderedaccion.org/noticias/maras-un-ejercito-juvenil-armado] gobernante, apoyado por los Estados Unidos, y que por casi 100 años anularon las posibilidades para el desarrollo de esas nobles naciones de Centroamérica.

Ningún país que se precie de ser de leyes podría iniciar acciones como las de El Salvador, así que el presidente de aquel país apoyado en la presión social por la inseguridad, decretó un “estado de excepción”  para poder capturar y encerrar a ya más 20,000 pandilleros.

En vista de que tal tipo de medidas son contrarias a las mas elementales normas para la protección de los derechos humanos, de inmediato, organizaciones locales y extranjeras [https://www.amnesty.org/es/petition/nayib-bukele-detenga-la-represion/] se han desgarrado las vestiduras en defensa de los “angelitos”, como les llama Bukele.

Bukele está siguiendo casi el mismo proceso que en 2016-2017 realizó el Presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, que ejecutó extrajudicialmente de 10,000 a 12,000 traficantes de drogas [https://www.hrw.org/tag/philippines-war-drugs].

Cada país ha determinado la forma en que habrán de enfrentar la tasa delincuencial y México no es la excepción.

Los expertos han desarrollado muchas teorías sobre la propensión a delinquir y a partir de ellas se diseñan estrategias diversas para confrontar en el corto y largo plazo los modelos para atacar este muy serio problema [http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2017-17-7080/Wikstrom.pdf].

En muy corto espacio de tiempo (12 años), México ha aplicado dos modelos opuestos que no han funcionado como se esperaba. Calderón inició lo que llamo la “lucha contra las drogas”, entregándole a las fuerzas armadas el papel principal, y López Obrador, asumiendo que la delincuencia tiene bases económico-sociales, aplica la táctica de contención y desmilitarización de la seguridad civil, incluyendo la legalización del comercio y consumo de las drogas más populares.

El resultado de ambos polos opuestos de confrontación frente al problema es que la cantidad y variedad de crímenes ha aumentado de manera importante. A pesar de las evidencias la tendencia de aumento de la criminalidad es imparable.

Si bien están retroalimentadas, las raíces del problema de acuerdo con los estudiosos del asunto [https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/479/17.pdf] se ubican en dos grandes vertientes, las tremendas desigualdades en todos los ordenes (económicos, educativos, políticos, oportunidades, etc.) y el binomio impunidad-corrupción que “abarata” los costos por delinquir.

Es notable la poca disposición de las autoridades para construir y compartir bases de datos confiables sobre la violencia a pesar de que las encuestas y sondeos a población abierta indican que de acuerdo con cifras de percepción del INEGI, la probabilidad de ser víctima de la violencia va en constante aumento [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/envipe2021.pdf]. Excepción hecha de la influencia de la reducción de movilidad causada por la pandemia.