El combate a la corrupción no ha pasado de ser un discurso de la campaña y un esfuerzo de difusión mediática de presuntos actos cometidos en la administración pasada, consideró el Consejo Cívico de las Instituciones, al cumplirse el primer año de Samuel García Sepúlveda al frente de Nuevo León
Lo anterior, sin que a la fecha la ciudadanía conozca los avances ni cómo las autoridades están actuando para prevenir y atacar los actos corruptos y la impunidad en su propia gestión.
«De acuerdo a lo declarado en distintos medios de comunicación locales, desde el inicio de la actual administración, el Gobierno estatal y organismos descentralizados han presentado 18 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción, sobre presuntos actos de corrupción de la administración estatal anterior», detalló el organismo que dirige Sandrine Molinard.
Entre las carpetas presentadas se acusan anomalías en el Isssteleón, la Línea 3 del Metro, permisos de Nueva Ciudad García, en la compra de 24 vagones remanufacturados para Metrorrey y 110 camiones de transporte público, mientras que en el caso concreto de Agua y Drenaje se mencionan 16 nombres.
Sin embargo, la propia Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León reportó en su momento que las denuncias presentadas por el Estado carecían de datos de prueba, poniendo en duda la posibilidad de poder avanzar para que verdaderamente se llegue a la justicia.
A la par de estos casos señalados, en los primeros 12 meses del gobierno de Nuevo León se han evidenciado actuaciones indebidas: tal como contratos asignados a una empresa ligada al actual titular de Comunicación Social del gobierno, Glen Villarreal.
Así como contratos otorgados por asignación directa a una empresa creada por prestanombres, sin experiencia en los temas que justificó el área de Comunicación Social del Estado, Sistema de Radio y TV de Nuevo León, y Agua y Drenaje, por un monto estimado de 20 millones de pesos.
«Una promesa de Samuel García en campaña, reiterada en muchas ocasiones, fue que no se repetirían las viejas prácticas, anunciando que su gestión sería incorruptible», manifestaron.
Sin embargo, en los hechos, permanecen prácticas de deficiente supervisión de los procesos de contratación, de un padrón de proveedores integrado con empresas fantasmas, la falta de investigaciones por parte de la Contraloría estatal y la Unidad Anticorrupción por presuntos actos en la actual gestión, y la ausencia de rendición de cuentas de las autoridades hacia la ciudadanía con respectos a estos casos señalados.
Además de lo anterior, una condición sine qua non de la prevención de la corrupción es el estricto apego a los principios del Gobierno Abierto, empezando por el más básico y sencillo: la transparencia y accesibilidad de la información pública al ciudadano común.
A pesar de haber sido presentado con bombo y platillo, el portal de transparencia del Estado no ha tenido ninguna mejoría con respecto al existente en la pasada administración, y sigue siendo un viacrucis encontrar información.
Al día de hoy el Estado incumple con diversas obligaciones como la publicación de las actas de sesiones de consejos de administración de paraestatales en tiempo y forma en el portal, sin ser sancionado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado (COTAI).
«Desde Consejo Cívico consideramos que la integridad pública y el combate a la corrupción siguen siendo espejismos», dijeron.
«Estamos muy lejos de un nuevo paradigma en Nuevo León, y el nuevo gobierno nos ha quedado a deber en esta materia durante su primer año, situación que exige un golpe de timón y decisiones contundentes durante este sexenio para verdaderamente hacer de la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas un sello de la administración pública estatal», añadieron.
