Se prevé sancionar con dos a seis años de prisión y multas a quien realice, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento; pasa a la Cámara de Diputados.

Con 69 votos a favor, dos en contra y 16 abstenciones, el pleno del Senado aprobó el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, para prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como de conversión o Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig); reportó MILENIO.

Al hablar a favor del dictamen, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, explicó que se propone eliminar cualquier tipo de terapia para “corregir la orientación sexual” de las personas sancionando penalmente a cualquier persona o personal de la salud que promueva, imparta, aplique, obligue o financien este tipo de prácticas.

Por ello, se decidió adicionar en el Código Penal Federal, un capítulo IX al Título Octavo de Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad para sancionar con dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Establece que se aumentarán al doble dichas sanciones, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

Este apartado, denominado Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas, indica que en caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento, a consideración del juez; señala MILENIO.

Las sanciones también aumentarán al doble cuando la persona autora tuviere con la víctima relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación. 

De la misma manera, cuando se valga de una función pública para cometer el delito o emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.

Se especifica que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características de este tipo de delitos.

Panista dice que dictamen viola derecho a decidir libremente 

Al hablar en contra del dictamen, el senador del PAN, Víctor Fuentes, explicó que si se mantiene la redacción del documento se incurre en una plena violación a las garantías humanas a decidir libremente; informa MILENIO.

“La verdad, no me puedo explicar cómo una persona, a propuesta de muchos que están en este Pleno, pueda decidir si aborta o no aborta y no pueda decidir si va o no a una terapia”, explicó. 

Consideró que la propuesta podría ser mejorada y buscar una redacción más adecuada para que se respete la libertad y no se sancione a psicólogos y psiquiatras.

Mientras que la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera expuso que “la comunidad LGBTTIQ+ no sólo sean rechazadas sino que lleguen a ser obligadas a soportar diversos tratos crueles, inhumanos y degradantes tendientes a reorientar o reasignar su preferencia sexual o su identidad de género mediante conductas que van desde la privación ilegal de la libertad hasta los golpes, encadenamiento, medicación y hormonización forzada entre otros actos”.

El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual ratificación.

Imagen portada: Araceli López | MILENIO