Las dirigencias señalaron al gobierno de Nuevo León de no publicar de manera ilegal e inconstitucional 56 decretos que el Congreso local ha aprobado.
Al señalar que el gobierno de Nuevo León ha incurrido en omisiones sin precedentes, al no publicar de manera ilegal e inconstitucional 56 decretos que el Congreso local ha aprobado, las dirigencias del PAN y PRI presentaron un juicio político contra el secretario general de Gobierno, Javier Navarro.
En conferencia de prensa en el Congreso local, Hernán Salinas, dirigente del PAN estatal, dijo que la omisión se traduce en afectar a los nuevoleoneses, ya que no le permite a los ciudadanos tener las leyes que necesita.
“Hablamos de reformas de suma importancia, como lo son, la nueva Ley de Amnistía que ayuda a que quienes están cumpliendo una pena, sobre todo a los más desprotegidos y grupos vulnerables, puedan tener la oportunidad de que accedan a beneficios de libertad bajo ciertos procedimientos, es contra el secretario general de Gobierno y subsecuentemente a la titular del Periódico Oficial”, señaló.
José Luis Garza, dirigente del PRI, dijo que las reformas tienen que ver con la reestructura al Consejo de Agua y Drenaje para tener un organismo más sólido con una representación más plural que permita tomar las mejores decisiones ante estas contingencias y crisis de agua.
“Por otra parte, de la reciente reforma para que existan sanciones en caso de que el estado no envíe los recursos que le corresponden a los municipios y que ya no existan las arbitrariedades como las que ahora vivimos, que al único que le afectan es al ciudadano por la falta de servicios básicos, responsabilidad de municipios, entre otras reformas más, por mencionar algunas.
“Estas omisiones afectan el buen funcionamiento de las instituciones y causa perjuicios graves al estado (estas son causales de juicio político)”, señaló Garza.
Añadió que el gobernador Samuel García no ha depositado los recursos a los municipios. Salinas, por su parte, exigió a que se inicie el procedimiento de responsabilidad política en términos de la Ley de Juicio Político, que tiene como consecuencia la inhabilitación y la destitución del servidor público por esta violación sistemática y constante a la Ley del Periódico Oficial del Estado.
“No podemos permitir que se afecte a los ciudadanos y se vulnere la soberanía del Congreso que ha sido elegido de manera democrática por los nuevoleoneses. Hay que hacer valer la voluntad del pueblo y alzar la voz de las arbitrariedades del poder que nos afectan a todos”, concluyó Salinas.
Luis Susarrey, del PAN, dijo que le darán trámite correspondiente. Durante los asuntos en cartera, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, solicitó que el asunto se turnara con carácter de urgente para que sea analizado mañana mismo.
