Por Félix Cortés Camarillo
Este viernes a partir de las 12 mediodía, tiempo del Este, podrá cambiar de manera radical uno de los asuntos más importantes de la sociedad de los Estados Unidos: el derecho de sus mujeres a decidir libremente sobre el destino de su embarazo, deseado o no. A esa hora la Suprema Corte de Justicia tendrá que decidir sobre disposiciones que fueron emitidas hace 23 años, el 28 de septiembre del 2000.
En aquella fecha, la FDA, que es la agencia del gobierno que regula los medicamentos, puso a disposición de las mujeres, bajo consulta y receta médica, el Mifeprex y el Misoprostal. El primero es la marca comercial de la mifropristona, un inhibidor de progesterona que dificulta el embarazo; el segundo es un agente que provoca un sangrado que vacía el útero. Así de fácil.
Hace unas semanas, el juez Kacsmaryk, del distrito norte de Texas, por cierto nombrado por Donald Trump, suspendió las viejas aprobaciones de la FDA; la Quinta Corte de apelaciones levantó el bloqueo, pero le impuso restricciones que antes no tenía, por ejemplo, el poder enviar los medicamentos por correo a los estados en los que el aborto está proscrito, o el número límite de semanas de embarazo para poder abortar. Enseguida, el juez de distrito Rice, de Washington, dictó sentencia prohibiendo a la FDA cualquier restricción al tratamiento abortivo en 17 estados y el Distrito de Columbia.
Precisamente por estas discrepancias continuará a las 10 de la mañana, hora de Dios -dice Lopitos- la discusión de la Suprema Corte de allá sobre la legalidad del aborto provocado.
Los medicamentos descritos, que causan el 53% de los abortos en Norteamérica tienen su historia: la mifopristona, puesta a la venta en Francia en 1988 bajo el nombre de RU 486, su importación a los EE UU fue prohibida al año siguiente. En 1992, Leona Benten, una peculiar activista entonces embarazada, se trajo la droga desde Londres y en el aeropuerto de llegada se la incautaron para desatar polémica. Al entrar el poder en 1993, Bill Clinton ordenó abrir la discusión y ello llevó a la legalización de todo el procedimiento en 2000, hace 20 años.
Hoy depende de la Suprema Corte, pues, si la disposición se mantiene o si la jurisprudencia retrocede 20 años. Ello significará, independientemente de ser una violación a los derechos de la mujer sobre su cuerpo, una forma de discriminación social: si se impide la píldora abortiva, las mujeres podrán abortar solamente por procedimientos quirúrgicos, que son caros o peligrosos cuando no lo son. Las que pueden pagar en el peor de los casos pueden ir a una clínica en Tijuana que yo me sé, y sanseacabó. Las pobres se joden.
Al querer o no, la decisión de los jueces norteamericanos tendrá resonancia en nuestro país. Todo lo que pasa allá salpica. Ojalá que sea para bien y no par retroceder.
PARA LA MAÑANERA (Porque no me dejan entrar sin tapabocas): Al igual que el padre de Hamlet, el espíritu de López Obrador se le aparecerá a su sucesor para obligarle a que prosiga su reino militarizando la policía. Esperemos el cortejo de Fortinbrás.
felixcortescama@gmail.com
