Por Carlos Chavarría
El CONEVAL, organismo mexicano que evalúa los programas para el desarrollo social, emitió un comunicado en el que se desataca: “Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3% …”, que para nada es despreciable, sobre todo si se toma en consideración que estos programas agotaron el margen de maniobra financiero del gobierno federal.
En todos los gobiernos del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, ese tipo de programas —por desgracia— son el único recurso del que disponen algunos sectores de la población para sortear su precariedad. Lo que los convierte casi en dependientes del gobierno de turno, situación que se presta a diversos vicios de naturaleza política… y México no es la excepción.
Se han realizado cientos de estudios y tesis, diagnósticos, elaborado programas, renovado políticas publicas sociales, y nada parece reducir la pobreza distributiva. Nada la reduce porque cualquier medida paliativa debe ser acompañada de otras que le permitan a las personas, aplicar su energía personal y preferencias de vida para alcanzar su independencia de los programas de gobierno.
Todos los expertos coinciden en que la única manera efectiva y duradera de resolver este asunto es con el círculo virtuoso que consiste en incentivar la inversión y el crecimiento económico, educar con excelencia, cobrar mejor los impuestos y gastar el ingreso público donde se multipliquen más sus efectos agregados, y parece que nuestro país presenta serias insuficiencias en estos cuatro requisitos.
En la zona de Cancún tenemos uno de los mejores ejemplos de los beneficios de invertir en infraestructura y que sus efectos agregados mejoren la movilidad social. Cuando Luis Echeverria, considerado el precursor del Estado de Quintana Roo, lanzó las iniciativas para desarrollar ese destino turístico, puso en marcha, quizás sin saberlo, la mejor política para reducir la pobreza de aquellos territorios, y se hizo sin dilemas ideológicos.
En nuestra América Latina, Chávez y Lula, crearon una corriente de pensamiento dirigida a la redistribución del ingreso mediante la creación de infinidad de derechos de todo tipo pero que no van en la dirección de lo recomendable. Cada derecho implica un costo y alguien lo tendrá que pagar.
México ya paso por esa etapa desde los 1970´s y aún estamos pagando sus consecuencias. Al igual que Chávez en Venezuela, el viejo PRI desperdició la oportunidad de la renta petrolera y aún persiste la pobreza en más del 50% de nuestra población.
Primero se usaron los ahorros provenientes del crecimiento económico derivado de la época de oro de la postguerra, después vino el apalancamiento petrolero, se pasó al uso del déficit público, la emisión primaria y vía deuda, después la creación de más y más impuestos, y finalmente la cruda realidad de tener que pagarlos.
Todas las administraciones le han sacado la vuelta a confrontar el problema de la ineficiencia en el gasto público, que obliga a una reingeniería profunda del papel del estado en la economía, así como acabar con los falsos dilemas ideológicos como instrumento para perpetuarse en el poder según el péndulo de los problemas económicos.
Ya son doscientos años de vida independiente, ya es tiempo de enfrentar la realidad. No somos los mexicanos como tales la razón del problema, la prueba es que los más pobres, esos que se arriesgan a cruzar hacia el norte son en este momento el puntal que sostiene la balanza de pagos y la economía con los envíos de dólares para sus familias.
México es un país con enormes oportunidades para el desarrollo, es inmoral e irracional seguir perdiendo el tiempo en discusiones bizantinas importadas del falso progresismo y que condenan a millones de conciudadanos a la miseria y la desesperanza.
