Por Efrén Vázquez Esquivel
La construcción de la democracia es una tarea colectiva que admite múltiples formas de participación: la más legítima es el voto; otra es la abstención activa, que no debe confundirse con la apatía o la indiferencia, pues implica acudir a las urnas para anular el sufragio, con lo cual se rompe el silencio desde la sombra del desacuerdo.
En este sentido, quienes llaman a no votar el 1 de junio –como la Jufed, que ante la falta de respaldo ciudadano ha recurrido a instancias internacionales para intentar frenar la reforma judicial– también ejercen, en cierto modo, una forma de participación en nuestra joven democracia, aunque cuestionable, porque:
Al defender sus privilegios frente al interés público –los fideicomisos constituidos al margen de la ley, sus altos salarios, la falta de rendición de cuentas y el nepotismo–, esa forma de participación contradice los principios democráticos de equidad y transparencia.
Además, porque se desnaturalizaron los conceptos de autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces, desvirtuándose con ello el fundamento republicano del Poder Judicial.
Y porque, al haberse negado a reformarse invocando su propia autonomía o tradición institucional como única fuente de autoridad, se incurrió en una lógica autorreferencial que los desvincula del interés público y de los principios de rendición de cuentas, equidad y transparencia.
La autorreferencialidad del Poder Judicial –respaldada por la mayoría de los abogados y ciertos sectores académicos– se ha manifestado en prácticas en las que, de forma endogámica, jueces y magistrados se evalúan exclusivamente entre sí, reclaman independencia sin aceptar mecanismos de control ciudadano y desestiman las críticas externas con el argumento de que solo ellos comprenden la función judicial.
Esta autorreferencialidad, arraigada en la institución más antigua del país, se volvió un obstáculo para la rendición de cuentas y la legitimidad democrática, al consolidar una élite cerrada sin control ciudadano ni responsabilidad pública. Para cambiar esto es necesario salir a votar e impulsar una nueva reforma judicial.
