Por Félix Cortés Camarillo
Los polémicos y malogrados festejos de la guerra de Independencia mexicana sacaron a relucir innecesariamente al embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba, que tiene más años que la Revolución Cubana, aunque se intensificó ya con los Castro en el poder. El trato privilegiado del presidente López al presidente cubano, justamente un par de meses después de la represión en La Habana de los que se atrevieron a manifestarse por la libertad y la democracia dejó mala impresión en todo el mundo, salvo los fanáticos seguidores del movimiento de Morena.
Este año, haciendo gala de su ignorancia, el presidente López se refirió al pueblo cubano como una reencarnación del pueblo de Numancia, que prefirió matar hasta el último de sus habitantes antes de rendirse al sitio de los romanos que comandaba el loado estadista de aquella Roma, Publio Cornelio Escipión, el Africano. Decir de los cubanos ante lo que llamó, el bloqueo de Cuba, una Numancia de nuestro tiempo, fue por lo menos una exageración.
Exageración que el canciller mexicano Ebrard logró introducir en la fallida reunión de repúblicas bananeras en las que se pretendía borrar del mapa político a la inútil OEA para sustituirla por una igual de inútil reciclada CELAC, Comunidad de países latinoamericanos y del Caribe, que en su reunión de este año pidió que cese el bloqueo a Cuba como también lo hizo Ebrard en Naciones Unidas. El presidente López, las repúblicas bananeras y Ebrard, pidieron a los Estados Unidos levantara el embargo comercial a la isla.
Todo esto viene a relación porque el llamado bloqueo norteamericano contra Cuba tiene unas raíces que se olvidan intencionalmente: la negativa del régimen castrista a indemnizar por las compañías, propiedades de norteamericanos expropiadas en la isla. Indemnización que a la fecha no se ha cubierto.
El viernes pasado el director general de la CFE, don Manuel Bartlett, hizo una declaración alarmante en este contexto. Haciendo proselitismo para la aprobación en el Congreso de la contrarreforma energética que mandó el presidente López, adelantó una amenaza grave si ese proyecto es aprobado: los permisos y concesiones que se dieron en el pasado a particulares, mexicanos o extranjeros para generación de energía se cancelarán y el gobierno de México ha decidido no indemnizar a los damnificados por esa disposición.
Uno de los principios de la jurisprudencia mexicana es que las leyes no pueden aplicarse de manera retroactiva. Según el licenciado Bartlett sí se puede, porque es una reforma constitucional.
Dejemos el alegato jurídico a los que de ello saben.
Para efectos prácticos, si la contrarreforma es aprobada debidamente y los contratos y concesiones se cancelan sin liquidación alguna, yo quisiera ver al inversionista que quiera meterle su dinero a un país cuyo marco jurídico se somete a los caprichos de su gobernante. Aún si esos inversionistas son mexicanos. Los inversionistas extranjeros, especialmente los de los Estados Unidos, pueden acudir, y lo harán, a su gobierno para que los defienda ante las medidas dictatoriales de la cuarta simulación. Los mexicanos no pueden hacer nada: no tienen un gobierno que defienda sus derechos
De todos modos, los mexicanos vamos a pagar la luz….
Puede jurar que más cara, más sucia, más ineficaz.
PARA LA MAÑANERA (porque no me dejan entrar sin tapabocas): con todo respeto, señor presidente, una pregunta ingenua: ¿puede usted establecer las diferencias entre los huelguistas de Cananea y Río Blanco el siglo pasado y los trabajadores reprimidos de Dos Bocas el siglo presente?
felixcortescama@gmail.com
